Investigación del contrato del tren en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se investigue la adjudicación de un contrato por 647 millones de pesos que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos, cuyos accionistas están vinculados a una red de empresas que han sido señaladas de factureras.

La obra es parte del nuevo trazo del tren que va de Guaymas a Nogales, Sonora, y tiene como objetivo librar a la ciudad fronteriza de las vías del ferrocarril.

"Todo lo vamos a investigar. Todo se atiende, contra quien sea; si hay pruebas y si hay delitos, se hace una investigación", aseguró el Ejecutivo en conferencia de prensa.

El jueves pasado, EL UNIVERSAL documentó que la Sedena otorgó un contrato a 3PM, compañía iniciada en 2020, en el gobierno de López Obrador. Los accionistas han creado otras empresas que han sido señaladas de defraudar con montos millonarios al Congreso de Sonora y al ayuntamiento de Empalme.

La red se forma de al menos siete firmas que con el paso del tiempo intercambian socios, traspasan acciones y cambian de puesto sin motivo aparente.

Sin licitación pública abierta y por invitación restringida a cuando menos tres personas, la Sedena delegó a 3PM un tramo serrano que consiste en la construcción de seis puentes, justo entre el municipio de Ímuris y Santa Cruz.

El gobernador Alfonso Durazo ha mencionado que con la modernización y ampliación del puerto de Guaymas, una de las obras más importantes de su administración, el flujo ferroviario crecerá de cuatro a 30 trenes al día, lo que colapsaría a la ciudad de Nogales si no salen las vías del tren del centro de la ciudad.

El Presidente justificó que vivimos tiempos de elecciones y "todo esto sale por el calor".

"Sí, y sale y sale y sale por el calor ahora, hay mucho calor, y se ponen nerviosos y se enojan y denuncian más o calumnian más, en fin, pero todo está permitido, somos libres", dijo.

Andrés Manuel López Obrador ha decidido entregarle a las Fuerzas Armadas buena parte de los megaproyectos de su administración, como los trenes Interoceánico y Maya, así como esta desviación de las vías del ferrocarril de carga comercial a Estados Unidos, con el argumento, sin comprobar, de que los militares son, en los hechos, más honestos que los civiles.

Los accionistas de 3PM son Mario Israel Haro Amador, Alfonso Arturo Laborín Márquez, Gustavo Isaías Salazar Serrano y José Luis Villegas Ramos, pero este último dejó la sociedad un mes después.

De acuerdo con la investigación hecha por este diario, la red de empresas involucrada en la acusación de Empalme y el Congreso sonorense tiene un hilo conductor de nombre Mario Israel Haro Amador, contador público que cambia de papel en las empresas de manera constante: en unas juega el rol de accionista, en otras de administrador único, de apoderado e incluso de comisario.

Cuando se buscó a Haro Amador para conocer su versión, afirmó que dejó la empresa 3PM desde antes de firmar el contrato con la Defensa Nacional; sin embargo, en documentos públicos hallados en portales de transparencia del gobierno de Sonora se observa que incluso después de la firma con los militares, siguió representando a la compañía con sede en Hermosillo.

Compañías de la estructura fueron denunciadas al principio del gobierno de López Obrador. Las acusaron de facturar al gobierno de Empalme y no entregar los bienes que fueron pagados.

Más tarde, otras empresas de la misma red aparecieron en las observaciones del órgano fiscalizador. Se les ubicó como compañías que también entregaron facturas, cobraron millones de pesos y no entregaron los bienes que se reportaron.

Se han puesto denuncias en órganos anticorrupción de Sonora en contra de estos presuntos desvíos; sin embargo, estas no han avanzado.