“Borran” de la 4T a Ignacio Ovalle

Ciudad de México.- Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex cuando estalló el escándalo por el desfalco de cerca de 15 mil millones de pesos, dejó la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), para ser sustituido por Armando Quintero, exalcalde de Iztacalco.

Ovalle, amigo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó Segalmex en abril de 2022, tras las denuncias por desfalco que fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fue enviado al Inafed.

Hasta el día de hoy, por el multimillonario desfalco a Segalmex hay 26 personas vinculadas a proceso penal, entre ellos nueve servidores públicos, pero ningún proceso penal ha sido presentado en contra de Ovalle Fernández.

En múltiples ocasiones el entonces presidente López Obrador salió en defensa de Ovalle, pues afirmó que había sido “engañado” por un grupo de priistas de “malas mañas” acostumbrados a robar.

Fuentes consultadas aseguraron que al día de hoy no se prevé algún puesto en el nuevo gobierno federal al que Ovalle podría ser enviado.

En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el uso de recursos en Segalmex para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 que ascendían a cerca de 15 mdp.

Ante las indagatorias de una red de corrupción, el 19 de abril de ese año Leonel Cota Montaño sustituyó a Ovalle Fernández en la titularidad de Segalmex.

En julio de este año, Andrés Manuel López Obrador reconoció que “la mancha” que se llevaba su gobierno era el fraude que se cometió en Segalmex y aseguró que este caso de corrupción de funcionarios de Segalmex se dio tanto por descuido como “por mala suerte”.

El 5 de septiembre pasado, en la recta final del sexenio de López Obrador, en la conferencia mañanera la SFP afirmó que después de un proceso de recopilación y presentación de evidencias, el fraude a Segalmex ascendía a 2 mil 700 millones de pesos, equivalente a 28% de los 9 mil 500 millones que habían sido observados originalmente.

Ese mismo día, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con el desfalco y se vinculó a 26 a proceso penal, de las cuales nueve son exservidores públicos y 17 son particulares.