Repercusiones de la renuncia de ministros en la SCJN

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "provocación" la renuncia de ocho ministros a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes han desistido de participar en el proceso electoral de 2025 y negó que vaya a buscar llevarlos a juicio.

"Nos están provocando ¿en qué sentido? Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político, a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer, por más que estén violando la Constitución", aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa.

La gobernante mexicana se refirió así a los integrantes de la SCJN que rechazaron contender por sus cargos en las elecciones del 1 de junio de 2025 y optaron por presentar sus renuncias ante el Senado del país.

Los ocho inconformes, liderados por la presidenta del Supremo, Norma Lucía Piña Hernández, harán efectiva su renuncia a partir del 31 de agosto del próximo año.

"Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos ocho, que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia, porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses", señaló.

Sheinbaum criticó a los ministros pues dijo que en gobiernos anteriores respaldaron reformas constitucionales que atentaban contra los intereses de México y ahora se están pronunciando en contra de iniciativas como la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual han propuesto invalidar parcialmente.

La reacción de Sheinbaum ocurre apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara una polémica reforma que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.

El dictamen que fortalece la supremacía constitucional y limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo se envió a las legislaturas locales para su aprobación, previo a su publicación oficial y posterior entrada en vigor.