Recomendación de la CNDH por desaparición forzada en Tamaulipas
Violaciones a los derechos humanos y la CNDH en Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Tamaulipas, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la desaparición forzada de una persona desde el 2015.
En un comunicado, el organismo pidió a las tres instancias colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda, implementar acciones que permitan establecer el paradero o destino de la víctima de desaparición forzada.
Explicó que el 27 de noviembre de 2020, se presentó una queja en la que se refirió que la víctima desapareció el 24 de febrero de 2015, luego de acudir a su trabajo, por lo que sus familiares intentaron localizarla con el uso de una aplicación que contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) el cual compartía uno de sus familiares con la víctima.
Según la información arrojada por el registro de GPS, la víctima se encontraba en el domicilio correspondiente al 15° Batallón de la Sedena, por lo que sus familiares se presentaron en dicho lugar, donde se les dijo que no tenían ningún detenido, se les permitió revisar las instalaciones y les sugirieron que presentaran su denuncia ante el Ministerio Público.
En la búsqueda de información, los familiares de la víctima detectaron que había elementos de la Sedena vestidos de civil indagando sobre su desaparición.
Posteriormente, los familiares solicitaron acceso a los videos del trayecto que realizó la víctima el día de su desaparición en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas (C4), así como los videos de cámaras de seguridad de una gasolinería.
Sin embargo, les informaron que elementos del Ejército ya habían revisado dicho material, por lo que ya no contaban con ellos, además de que el auto de la víctima fue visto tripulado por personas armadas. Dicho automóvil no fue adecuadamente examinado durante la investigación.
La CNDH examinó las evidencias del expediente correspondiente y acreditó que elementos de la Sedena participaron en la manipulación y alteración de los lugares donde se encontraron pertenencias de la víctima, eliminaron indicios de vital importancia para la determinación de su último paradero y para nuevas líneas de investigación, lo que ha repercutido negativamente en la localización de la víctima y constituye violaciones al derecho a la verdad.
También acreditó que una persona servidora pública adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obstaculizó la investigación del caso, conduciéndose con falta de diligencia, puesto que, a pesar de contar con indicios referentes a la participación, sin atribuciones legales, de elementos de la Sedena en la investigación de la desaparición de la víctima, no consideró el peligro en el que se encontraba el círculo familiar de la víctima, ni realizó acciones para tomar todas las medidas posibles y disponibles para asegurar su protección y participación en la investigación.
"La conjunción de acciones y omisiones por parte del personal de la oficina del C4, la Sedena y la entonces PGR, afectaron de manera irreversible el derecho a la verdad de la víctima y sus familiares, dado que este derecho es parte del proceso de reparación y restitución a la dignidad personal y en contra de la impunidad", indicó la CNDH.
El organismo recomendó al Gobierno de Tamaulipas, a la Sedena y a la FGR que colaboren en el trámite para la inscripción de la víctima y cinco de sus familiares en el Registro Nacional correspondiente, con el fin de que procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, así como brindar atención psicológica a los familiares de la víctima, de forma continua, de acuerdo a sus edades y necesidades y con previo consentimiento.
Igualmente, deberán colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presente ante la FGR y dar continuidad a la integración de la Averiguación Previa, a fin de que se esclarezcan los hechos señalados en la Recomendación, y solicitar la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda para implementar acciones que permitan establecer el paradero o destino de la víctima.
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