Dan visto bueno a la “Ley espía”

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas por las que se crean las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que dan acceso a bases de datos personales, registros biométricos, datos vehiculares, telefónicos, registros bancarios y hasta públicos de la propiedad, entre otras cosas, con previo control judicial con el objetivo de “extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia”.

Los cambios se aprobaron por mayoría de votos de los diputados y fueron enviados al Senado, en una larga sesión en la aparecieron pancartas con la leyenda Ley Espía y una corona luctuosa con el texto “Murió la democracia”.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia confiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales y biométricos en posesión del gobierno federal y de entes privados para realizar tareas de espionaje.

La SSPC coordinará el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que podrá solicitar información a otras instituciones y dependencias para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos, en particular los de alto impacto, y también podrá solicitar información a particulares.

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El texto confiere a la Guardia Nacional la facultad de realizar acciones de investigación e inteligencia en seguridad pública, apoyándose en los mecanismos con que cuenta el sistema nacional.

Con la expedición de la ley también se crean la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Sistema Nacional será empleado para realizar las siguientes funciones, tareas y productos de inteligencia: información, documentos, grabaciones, videograbaciones, testimonios y otros insumos que puedan ser aportados como datos de prueba en la investigación y persecución de los delitos.

Crea nuevas competencias de las entidades federativas en materia de seguridad pública, que obliga a las autoridades locales a encabezar “mesas de paz”; informar periódicamente a la población sobre las políticas, planes, programas y resultados en materia de seguridad pública; establecer programas de prevención del delito, y garantizar la profesionalización de sus cuerpos policiales.

Otorga más facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública, entre las que destacan emitir criterios para la distribución de recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la seguridad pública de las entidades y municipios, con la autoridad de cancelarlos a entidades y a municipios que incumplan los acuerdos.