Investigación penal contra presidente de Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Abogados penalistas presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país por delitos tipificados en el Código Penal Federal mexicano.

En tanto, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, indicó que a partir del martes escuchará los argumentos de México y Ecuador en torno al ilegal y arbitrario arresto del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en el asalto policial a la embajada de México en Quito, el 5 de abril.

En conferencia, convocada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y la Asociación Cívica Mexicanos Unidos, Jaime Fernando Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que el mandatario de Ecuador debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento de la sede diplomática de México en Quito.

También por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada mexicana, privación de la libertad y secuestro del exvicepresidente Glas Espinel, asilado en la embajada.

Además, por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, el espionaje, hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado.

En su intervención, Raúl Jiménez, académico de Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que la FGR es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos.

Argumentó que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas.

Explicó que los hechos que se están denunciando constituyeron un ataque generalizado contra las instalaciones de la embajada y sus ocupantes, pues se incurrió en crímenes de lesa humanidad, de tortura y de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional.

Bertha Galeana y Lauro Sol, integrantes de la ANAD, exigieron a las autoridades que la denuncia siga su curso de acuerdo con el derecho mexicano aplicable y con los tratados internacionales suscritos tanto por México como por Ecuador, que permiten que se efectúen investigaciones.