Más de 15 mil personas han dejado sus casas por violencia de cárteles en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., marzo 20 (EL UNIVERSAL).- De enero del 2023 a junio del 2024, de 13 municipios de Chiapas unas 15 mil 780 personas han dejado sus hogares, como consecuencia de la guerra entre los Cárteles de Jalisco Nueva Generación-Cartel Chiapas Guatemala y Cartel de Sinaloa.

En el informe: Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, que fue presentado la tarde dl miércoles, en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se dio a conocer que son 15 mil 780 son Personas Internamente Desplazadas, originarios de los municipios de Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.

Pero de este total, ocho mil 190 son originarios de municipios de las regiones Fronteriza y Sierra, fueron desplazados por células del crimen organizado, "lo que es una muestra de la agudeza del desplazamiento forzado".

El documento consta de ocho capítulos, entre estos: Personas desaparecidas, agresiones a personas defensoras, violencia criminal e impactos a la población, la guerra contra los pueblos y otros. "El Frayba presenta este informe y con gran preocupación, observa la gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas, sin perder la esperanza que los pueblos nos dan en el trabajo del día a día".

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"El objetivo de este informe es dejar una huella de este periodo tan atroz, dónde precisamos con datos documentales, provenientes de fuentes directas de las circunstancias de esta grave situación", sostiene.

Explica que en México, las causas del desplazamiento de personas se da por el control del territorio por organizaciones criminales y otros factores. "Las causas del desplazamiento en México son diversas, desde distintos tipos de violencia, muy marcada por la Delincuencia Organizada (DO), grupos paramilitares y agentes del Estado". "Proyectos de desarrollo, incluyendo minería y tala ilegal; extracción de hidrocarburos, construcción de presas, turismo, conflictos territoriales, comunitarios".

Por municipios, dice el organismo que preside el obispo emérito Raúl Vera, Ocosingo representa un 25% de desplazados, por la "violencia contrainsurgente", pero las regiones Fronteriza y Sierra, con un 30%, principales de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista, "teniendo como principal causa la violencia emanada de la DO".

En tanto que en la región Altos, el 15%, "donde la violencia generalizada, ocasionada por grupos armados diversos han sido la principal razón para que las personas huyan de sus hogares".

Las causas del desplazamiento forzado, un 35% se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, un 35%; y la violencia generalizada con un 30%, "entre la que destaca el uso de ésta a partir de la diversificación de grupos armados en el territorio".

El desplazamiento forzado ha sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de Seguridad Pública, locales y federales, "la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados. El control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y en lo general economías legales e ilegales de todo tipo".

"La violencia que emana de la disputa por el control del territorio por parte de grupos antagónicos de la DO en las regiones Frontera y Sierra, y la crisis humanitaria reflejada en la agudeza del desplazamiento forzado, implica también graves violaciones a los derechos humanos y convierte a los territorios en zonas silenciadas,10 impregnadas de inseguridad y terror", explica.

En cuanto a la desaparición de personas, dice que entre el 2019 y 2023, "la desaparición forzada aumentó en un 358% en el estado de Chiapas". "Esto ocurre principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales".

"En el caso de la violencia machista, la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25%, alcanzando más del 60%, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual", abunda.

Da a conocer que de enero a junio del 2024, en Chiapas se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, pero Alerta Amber ha registrado 234 casos

El año pasado, el Frayba denunció seis casos con diez personas desaparecidas en Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal y Tila. "Estos sucesos en algunos casos, ocurrieron bajo el contexto de violencia generalizada".

Asegura que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre del 2000 al 10 de julio del 2024, en Chiapas han habido siete mil 163 desaparecidos, con tres mil 833 mujeres y tres mil 330 hombres. "Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños".

Pero dice que datos sobre feminicidios, trata de personas y personas migrantes no son registrados.

"La desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia y de la sociedad en su conjunto", sostiene.

"En Chiapas es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado de Chiapas. A más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta", considera.

Agrega que en la desaprecio de personas, se requiere de medidas claras para la investigación de los hechos, mayor conocimiento para crear e implementar metodologías y garantías de no repetición de tales violaciones". "La búsqueda debe ser inmediata y diferenciada, en coordinación con entidades estatales, corporaciones y personas que tienen el lado de hacerlo".

"La realidad de las personas desaparecidas en Chiapas presenta un panorama desolador y alarmante. Es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado", sostiene.

"A pesar de estos hechos, el Estado mexicano ha persistido en su narrativa de que Chiapas es un estado seguro y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos", remarca.