Diputados avalan reforma que consuma extinción del Inai

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum por la que se expiden tres nuevas leyes, que establecen la transferencia de funciones, recursos materiales, financieros y humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la creación del al organismo denominado "Transparencia del Pueblo".
El dictamen quedó avalado por votos 321 a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 125 sufragios en contra por parte del PRI, PAN y MC, cuyos integrantes denunciaron abuso de poder, violación a los derechos humanos, desmantelamiento de la rendición de cuentas, centralización y control de la información, y el "entierro de la transparencia en México", entre otras cosas.
El proyecto establece la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Entre otras cosas, el contenido de dichas leyes permiten clasificar información si se trata de proyectos "cuya divulgación afecte los intereses del Estado", también permite reservarla "cuando represente afectaciones a la paz social", declara como confidencial "cualquier denuncia o procedimientos administrativos contra servidores públicos", deja al Ejecutivo Federal la autoridad para nombrar a quien presida el órgano, mientras que los recursos quedarán a cargo del organismo de "Transparencia del Pueblo" que dependerá del gobierno.
Al presentar el dictamen, el Presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que con las modificaciones "la administración pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades de los mexicanos", y además destacó que la Secretaría Anticorrupción "absorberá el 80% del trabajo del Inai, pero con el 35% del costo de su estructura, lo que equivale a un ahorro anual para todas y todos los mexicanos de casi mil 100 millones de pesos".
La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, interpuso una moción suspensiva para suspender la discusión del proyecto, bajo el argumento de que "esta reforma es completamente violatoria de los derechos humanos de las y los mexicanos, de la Constitución, y por supuesto de los derechos de las y los trabajadores".
"Es Claro que esto es abuso de poder que solo beneficia a los poderosos y no al resto de los ciudadanos", declaró, mientras sus compañeros mostraron pancartas con las leyendas "exigimos plataforma gratuita, abierta y pública", "sin plataforma no hay transparencia", "el oficialismo quiere desaparecer 15,000 millones de documentos públicos", y "no hay democracias sin transparencia"... La moción fue rechazada.
Más tarde, el diputado del PRI, Arturo Yañez Cuéllar, consideró como "una burla" que a partir de ahora el mismo gobierno será el que genera la información y el que decida si procede o no conocer de ella.
"El acceso a la información es un derecho, no es una concesión del gobierno en turno. Sin transparencia no hay democracia y sin información no hay justicia, esta reforma desmantela la rendición de cuentas y pone en riesgo la verdad. Se nos dice que es una medida de simplificación administrativa, pero la realidad es otra centraliza el control de información al ejecutivo Federal", aseveró.
Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, aseguró que la reforma "no busca mejorar la transparencia sino enterrarla".
"No busca empoderar al pueblo, sino quitarle su derecho a saber. México merece un gobierno que rinda cuentas y no un gobierno que se esconda en la opacidad. La transparencia no es un privilegio, es un derecho, porque un país sin transparencia es un México sin democracia", sentenció.
En defensa, salió la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, quien aseguró que en los últimos años, "el Inai se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco".
"Se han documentado casos de servidores públicos que eran obligados a entregar entre el 10 y el 60% de salarios para permanecer en sus puestos, nepotismo, contratos amañados, y esto no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, también se han encontrado anomalías y chantajes como es el caso de Femexfut, contratos millonarios para el arrendamiento de una sede y viajes al extranjero. Ahora quieren vendernos la idea de que anteriormente todo estaba bien, todo funcionaba, y que con la reforma todo se va a perder, ¡falso!, la transparencia continúa".
Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular.