El conflicto Larrea-AMLO por Ferrosur

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- La toma de instalaciones de Ferrosur por parte de la Marina abrió un nuevo capítulo con las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el magnate Germán Larrea. Hasta el momento, las partes hablan de lograr un acuerdo, en medio de la posible compra de Banamex en la que, hasta el momento, el dueño de Grupo México se mantiene a pesar del ruido político.

El viernes pasado, el gobierno mexicano utilizó a la Marina para ocupar temporalmente un tramo de 120 kilómetros de la red ferroviaria de Grupo México, argumentando que se trata de un tramo necesario para conectar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, como parte de la estrategia del presidente López Obrador de declarar con carácter de seguridad nacional las obras emblema de su gobierno.
De acuerdo con Grupo México, entre las negociaciones que ha habido con el gobierno federal para la operación de este tramo, a principios del año 2022 se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
No obstante, la empresa se ha mantenido en busca de un nuevo acuerdo con las dependencias federales.
Grupo México ha reconocido que las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin embargo, actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones.
Sobre este punto, el presidente López Obrador explicó que antes de publicar el decreto para tomar control de las instalaciones de Ferrosur, se trató de llegar a un acuerdo con Grupo México; sin embargo, la empresa pidió una indemnización que calificó como exagerada.
"Yo no sé, los abogados, los asesores, expertos, mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede, ni siquiera es un precio justo, sino un abuso", explicó.