Firmas falsas avalan Corredor Interoceánico

Ciudad de México.- Cuando la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa en el estado de Oaxaca, supo que el gobierno federal quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.

Murió la noche del 22 de enero de 2020. El cáncer de hígado les quitó la vida a los 62 años. Pero a más de un año de su fallecimiento, su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, avalando la venta de tierras al gobierno y la instalación de este parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Esta es sólo una de las anomalías encontradas en esa acta. El documento muestra participación inflada, firmas triplicadas y decenas falsificadas, por ello la comunidad ingresó amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el proyecto.

“Esta consulta es una simulación. El gobierno federal manipulará la información que se está levantando”, concluyeron participantes de la mesa del pueblo náhuatl durante la asamblea que se efectuó en Oteapan, Veracruz.

Este fue el punto más álgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad indígena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoceánico fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Así, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un “compromiso en trabajar en beneficio de las comunidades indígenas”.

El progreso prometido

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la alternativa mexicana al Canal de Panamá. Tiene como columna vertebral la línea Z del ferrocarril que conecta los océanos Atlántico y Pacífico; del puerto de Salina Cruz en Oaxaca hasta el de Coatzacoalcos en Veracruz.

Bajo el discurso del “desarrollo”, el gobierno mexicano transformará una zona rica en recursos naturales en un paisaje industrial, con un impacto inicial en 79 municipios de estos estados.

De inicio, el gobierno concesionará diez parques industriales a privados, denominados Polos del Desarrollo para el Bienestar (Podebi). En esos terrenos, que otrora fueran agrarios o indígenas, las empresas podrán transformar sus materias primas en productos comercializables. Desde ahí, promete una reducción de hasta cinco días en el tiempo requerido para el tránsito de mercancías de costa a costa, en comparación con el Canal de Panamá.

Este megaproyecto requiere una inversión de cinco billones de dólares (98 mil millones de pesos), para hacer de México la nueva puerta del comercio global. La mayor parte de los recursos son públicos (60%).

El gobierno espera que el Corredor Interoceánico aporte 2.65% del producto interno bruto del país, atrayendo una inversión de 960 mil millones de pesos. 

Es la apuesta a largo plazo para el desarrollo nacional, pero debajo de esas estimaciones quedan aquellos que han vivido mucho tiempo el abandono histórico, la explotación de sus recursos y el despojo de sus tierras.