Informe Detallado sobre Agresiones a Defensores Ambientales en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contabilizó 282 agresiones contra defensores del medio ambiente, que incluyen: homicidio, agresión física y sexual, daño a la propiedad, hostigamiento e intimidación. De los últimos 10 años, 2023 fue el segundo con más eventos de agresión, pues en 2022 se documentaron 197.

Además, se registraron 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, de acuerdo con el informe, que además advierte que la mayoría de los hechos violentos tienen relación con los megaproyectos Tren Maya, Tren Transi?stmico y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; es decir, los proyectos insignia del gobierno federal han sido motivo para agredir a personas defensoras del medio ambiente y del territorio que habitan.

El año pasado, agregó el documento, 20 personas defensoras de los derechos humanos ambientales perdieron la vida a causa de su labor, y 102 fueron asesinadas por la misma causa. Durante el periodo del actual gobierno federal, las agresiones letales en contra de personas defensoras ambientales no han registrado alguna disminución.

El estado con mayor número de víctimas fue Jalisco, con 20; sigue Oaxaca, con 19, y la Ciudad de México, con 12, estas tres entidades federativas representan 40.8% de dicha violencia durante el pasado año.

De los casos de violencia, 57.7% fueron contra personas de pueblos indígenas, lo cual indica que "las personas más vulnerables a sufrir agresiones por su defensa de los elementos naturales, la tierra y el territorio son aquellas que los habitan y cuidan", señaló el informe del centro del derecho ambiental.

Las formas de agresión que tuvieron mayor registro en 2023 fueron las amenazas, con 33 casos; intimidación, 28; agresiones físicas, 26; criminalización, 21, y homicidio y hostigamiento, con 19 cada una.

Aunque el número total de violencia que se recopiló durante el año pasado fueron 282, hay una disminución en comparación con 2022, cuando se registraron 582 agresiones. "Se trata de cifras altas e inaceptables que generan preocupación. Además, las agresiones letales desafortunadamente mantienen una constante con relación al año pasado, con 20 casos en 2023", enfatizó el informe.

"En el ámbito ambiental, diversos estudios colocan a nuestro país con una impunidad media alta, con datos poco alentadores por degradación y crímenes ambientales, como uno de los países con más conflictos ambientales en la región, junto a otros países, con el mayor número de asesinatos a activistas. ambientales. El contexto en el que realizan su labor es adverso y a contracorriente", señaló.

Agregó que suceden con agresiones como la criminalización y desaparición, cuyas cifras totales se mantienen en un rango similar respecto al año pasado.

Durante 2023, en total se registraron mil 317 personas afectadas por agresión, y de este total, 416 personas se identificaron como defensoras del medio ambiente, tierra y territorio, que corresponden a 898 adultos, 344 niños y adolescentes, y en el caso de 75 personas no fue posible identificar su edad.

En el mismo periodo también se documentaron 19 defensores de los derechos humanos ambientales que fueron víctimas de desaparición en los estados de Durango, Oaxaca y Guerrero, con cuatro en cada uno; Michoacán, tres, y uno en Jalisco, Hidalgo, Chiapas y Puebla, respectivamente.

El organismo señaló que identificaron un conjunto de exigencias al Estado mexicano, de la mano de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, las cuales no han sido atendidas y la situación de las personas y comunidades continúa.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental pidió a los tres órdenes de gobierno adecuar el marco normativo, adoptando medidas administrativas, legislativas y judiciales para integrar los estándares internacionales reconocidos por el Estado mexicano, así como el Acuerdo de Escazu? y del medio ambiente.

También la importancia de vigilar y sancionar los proyectos que generen daños al medio ambiente, sin previa autorización y sin que haya una manifestación de impacto ambiental correspondiente.