Lucha de familias por verdad y justicia de 43 estudiantes desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después una década de buscar y no encontrar a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2024, sus familias se alistaban el jueves para recorrer de nuevo el centro de ciudad de México junto a todos los mexicanos que quisieran acompañarles para exigir verdad y justicia no solo para sus hijos sino para los más de 115.000 desaparecidos que tiene el país.

Los nombres de los 43 jóvenes se proyectaron la víspera por la noche en un emblemático edificio de la capital y resonar el jueves por la tarde por las calles del centro de la ciudad, blindadas ante posibles brotes violentos.

El aniversario llega a cuatro días del fin de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un presidente en el que las familias confiaron pero que les deja sumidos en la frustración.

"Nos dio muchas esperanzas", dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez, uno de los desaparecidos, en un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México. "Pero tal parece que protege mucho a los militares y no se vale".

"Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueven el corazón", agregó.

Han pasado dos administraciones, hay decenas de detenidos –entre ellos un exprocurador general de México-- y ha habido cientos de búsquedas, pero México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, en 2014 porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados pero solo se han localizado restos de tres de ellos.

Este gobierno avanzó al determinar que fue un "crimen de Estado" y apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se distanció el miércoles de parte de esos avances. Minimizó los casos de tortura perpetrados por la anterior administración y que hicieron que muchos sospechosos fueran liberados por esos abusos, se distanció del móvil del tráfico de heroína e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército obedecen a "intereses políticos" , aunque hay 16 militares procesados.

La ONU lamentó el jueves los "resultados insatisfactorios" por parte de las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por la "paralización" del caso y denunció un persistente "pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores".

Activistas, académicos y una treintena de organizaciones civiles de distintos países latinoamericanos —de Chile y Argentina a Guatemala pasando por Brasil o Colombia— exigieron más acciones a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

Y la ONG mexicana Fundar —que acompaña a las familias— recordó que el caso exhibe "el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición... que se ha mantenido vigente en México por décadas" y el "abandono institucional" que sufren sus víctimas.

El presidente admitió el jueves que "se complicaron las cosas, están enredadas" y que no pudo dar con el paradero de los estudiantes. "Que les quede muy claro...no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes", dijo en un último intento de convencer a las familias de sus esfuerzos.

El sabor es amargo pero, pese a la frustración, los padres y madres agradecieron a todos los que les han acompañado este tiempo. "Sentimos una fuerza que nos empuja a seguir en esta lucha", dijo Joaquina García. "Esta lucha no termina".