Michoacán y la controversia sobre la prisión preventiva

Michoacán se opone a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, porque la seguridad del estado estaría en riesgo, debido a que tres mil 354 personas que están procesadas, recuperarían su libertad.

En cambio, propone ajustar la norma jurídica mexicana para que esta prisión no opere de manera automática, porque, advirtió, estaría en riesgo la procuración y administración de la justicia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), establecen que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los siguientes delitos.

Por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y desaparición forzada, explicaron en conferencia de prensa.

Las autoridades estatales dijeron que en Michoacán 3 mil 201 personas se encuentran sentenciadas, y que esto no habría sido posible si la prisión preventiva oficiosa no se habría aplicado.

Detallaron que prisión preventiva justificada no se aplica de manera automática, sólo por el tipo de delito del caso, sino por un análisis más completo de los riesgos.

Y se parte del argumento que, si el imputado conserva su libertad bajo la presunción de inocencia, hay probabilidades importantes de que se sustraiga de la acción de la justicia.

Por ello, refirieron que la prisión preventiva oficiosa es necesaria ya que el objetivo es asegurar la presencia del acusado, durante el juicio y garantizar la eventual ejecución de las penas, con el fin de prevenir posibles acciones que puedan dañar a un tercero o la marcha del proceso.