Murillo Karam se queda en prisión

Ciudad de México.- “Se derrotó la presunción de inocencia”, así reaccionó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, luego de que el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, le dictara anoche prisión preventiva justificada, tras ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

De esta manera Murillo Karam deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte hasta el próximo miércoles en el que Fuerte Tapia determinará si lo vincula a proceso por los mencionados delitos de los que fue acusado este sábado.

Tras una larga deliberación, el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a que Murillo Karam cuenta con los medios económicos y con una red de amistades, debido a los cargos que ocupó, para sustraerse de la justicia.

Los representantes de la FGR habían argumentado que Murillo Karam debía permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación, ya que tiene la solvencia suficiente para abandonar el país, pues tiene cuentas bancarias en México y Estados Unidos por hasta 85 millones de pesos.

El pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso “Ayotzinapa”, así como por la fabricación de la “verdad histórica”.

Su llegada al Reclusorio Varonil Norte se dio este sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, desde donde fue trasladado en una camioneta escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

INVOLUCRAN 

A García Harfuch

Durante la presentación del caso en contra del exprocurador Murillo, la FGR dio indicio de la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la fabricación de la “verdad histórica”.

Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.

Según Cano, la elaboración de la “verdad histórica” se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero.

Otro implicado fue Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces “verdad histórica” presentada por el Gobierno mexicano en 2015.

Según lo presentado por la FGR, Cano pujó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los normalistas.