Nuevo alcalde de Chilpancingo y seguridad en México

CHILPANCINGO, México (AP) — Custodiado por un puñado de policías, y bajo la sombra del miedo, se juramentó el jueves el nuevo alcalde de la capital del estado de Guerrero, en el sur de México, tras el cruento asesinato de su predecesor, decapitado seis días después de asumir el cargo.

A escasos cuatro días del homicidio de Alejandro Arcos, su suplente, el médico y opositor Gustavo Alarcón Herrera asumió como nuevo alcalde de Chilpancingo, una ciudad de cerca de 300.000 habitantes, sumida en el miedo ante la sangrienta disputa territorial que mantienen dos grupos del crimen organizado, Los Ardillos y los Tlacos.

Entre aplausos, y seguido por un enjambre de fotógrafos y periodistas, Alarcón Herrera se posesionó como alcalde en el hemiciclo del Congreso de Guerrero. La juramentación del médico se demoró algunos días debido a la conmoción y temor que desató la muerte de Arcos, cuya cabeza fue localizada el domingo en el techo de un vehículo abandonado en una calle de Chilpancingo.

En declaraciones a la prensa, el nuevo alcalde informó que ya contaba con seguridad federal, estatal y municipal y ofreció "trabajar en beneficio de todos" para hacer frente a la violencia en Chilpancingo. Poco después se retiró del Congreso estatal custodiado por una patrulla en la que iban tres policías armados y una camioneta, en la viajaban cuatro guardaespaldas vestidos de civil.

El asesinato del alcalde opositor de 43 años ocurrió tres días después de que el secretario del ayuntamiento de la ciudad fuera abatido, y nueve días después del homicidio de un capitán el ejército que se perfilaba como secretario de Seguridad Pública de la alcaldía.

El caso generó gran polémica y puso una vez más en tela de juicio las políticas de seguridad de las autoridades mexicanas.

Dos días después del violento hecho, la mandataria Claudia Sheinbaum presentó —tal como lo había programado luego de que asumió la presidencia el 1de octubre— su plan nacional de seguridad que incluyó algunas de las políticas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, la participación de los militares en labores de seguridad pública y el desarrollo de programas sociales.

El plan de Sheinbaum está sustentado en cuatro ejes: la atención de las causas de la violencia a través de programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia; la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército; la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación, y el trabajo coordinado entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el Ministerio Público.

En el marco de esas políticas, desde inicios de este mes fueron enviados al estado occidental de Michoacán, uno de los más violentos del país, 360 elementos de la Guardia Nacional y 300 militares. El propósito es reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente y prestar protección a los productores de limón, anunció el jueves la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado.

Durante la exposición, el nuevo secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que el asesinato de Arcos se estaba investigando y reveló que otros cuatro alcaldes —dos en Guerrero y otros dos del estado de Sinaloa— habían solicitado seguridad.

La fuerte presencia del crimen organizado en Guerrero, uno de los seis estados más violentos del país, no es algo reciente. A mediados del año pasado, funcionarios federales señalaron que una manifestación en la que participaron cientos de personas en Chilpancingo había sido organizada por Los Ardillos a fin de obtener la liberación de dos líderes del grupo, detenidos por posesión de drogas y armas.

Los manifestantes bloquearon la circulación en la carretera que va de Ciudad de México al puerto de Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y robaron un vehículo policial blindado que utilizaron para embestir contra las puertas de la legislatura del estado.

Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes hasta que se cumplieron sus demandas.

En febrero pasado se conoció que dos de los grupos delictivos que operan en Guerrero —la Familia Michoacana y Los Tlacos— acordaron una tregua tras meses de conversaciones que sostuvieron con algunos obispos del estado. La tregua se dio luego de semanas de cruentos choques armados que dejaron numerosos muertos.