Oculta gobierno de Rocha Moya sus auditorías
La mayoría de dependencias del gobierno sinaloense no han hecho públicas las revisiones

Ciudad de México.- En cinco años de gobierno, la mayoría de las dependencias de la administración de Sinaloa a cargo del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no hizo públicas las auditorías que le fueron practicadas a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a que esto es una obligación legal.
En una revisión hecha a la PNT, se destaca que dependencias estatales como las secretarías de Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Mujeres, Pesca, o la propia Secretaría de Gobierno de Rocha Moya, no han hecho públicas ninguna cédula de resultados de auditorías internas ni externas.
En los cuatro trimestres de cada año, la leyenda que arrojan estas secretarías señala que no se realizaron auditorías internas ni externas. En la revisión se encontró que únicamente las secretarías de Turismo, Obras y Agricultura subieron a la plataforma resultados de auditorías hechas el año pasado.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública advierte que los sujetos obligados —entre ellos los gobiernos estatales— deberán poner a disposición de la población en general "y mantendrán actualizadas" informaciones públicas, entre ellas auditorías.
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El artículo 19 fracción XI de esta ley indica que los gobiernos estatales, como sujetos obligados, deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Hace casi dos semanas, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, por presuntos nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas.
En la revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco ha hecho pública ninguna auditoría en los últimos cinco años.
El hoy exvicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Saavedra, está acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El pasado 5 de mayo presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.
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