Piden a FGR y Conacyt parar "persecución" en contra de científicos

Piden a FGR y Conacyt parar persecución en contra de científicos

Luego de que se dio a conocer en varias columnas de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), usuarios en redes sociales lanzaron la petición "Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica", en la que de forma tajante exigieron "el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana".
En la petición, lanzada a través de la plataforma Change.org, se describió que "la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales" de autoridades del Conacyt durante la administración pasada que estuvo encabezado por Enrique Peña Nieto.
Álvarez-Buylla llegó desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador al Conacyt. En 2019, el Conacyt dejó sin recursos al Foro.
En ese momento, el Consejo informó que tomó la decisión de dejar sin recursos al Foro, pues "tras una consulta puntual realizada por el Conacyt a la Secretaría de la Función Pública (...) informamos que el Conacyt no se encuentra obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico pues se trata de una asociación civil, esto es, una persona moral de derecho privado".
Esto a pesar de que la Ley de Ciencia vigente en ese año, en su artículo 38 dictaba que: "El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarios para la celebración de sus reuniones de trabajo".
Para 2020, el Conacyt cambió su reglamento interno y ello implicó la desaparición de la figura del Foro como un organismo de asesoría autónoma. Aunado a ello, el Conacyt creó un segundo foro.
Sin embargo, a la par de esos movimientos, las cuestiones legales continuaron y el pasado 14 de julio se llevó a cabo la "Sesión remota de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)", en la que el asunto fue sobreseído (suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia).
"La defensa legal de las 31 personas involucradas en la acusación se vio apoyada por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde su creación en el año 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020", se lee en la petición.
Pese a esa sentencia, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, de acuerdo con las columnas publicadas, solicitó al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano" la orden de aprehensión por uso de fondos "de procedencia ilícita" en contra de las 31 personas acusadas.
"La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país", señala la petición.
"La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigaciones FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/0000222/2021, para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que durante casi 20 años fue la más alta instancia asesora del la Presidencia de la República en estos campos. Decenas de exintegrantes de ese órgano han sido acosados por policías federales en su domicilio, y varios de ellos se han amparado para evitar lo que consideran una desorbitada venganza de un servidor público", escribió Roberto Rock en la columna que publicó este martes en EL UNIVERSAL.
El lunes, Raymundo Riva Palacio en El Financiero dio a conocer los datos sobre las investigaciones en contra de los miembros de la comunidad científica.

Pide SPAUAM cesar amedrentamiento

Integrantes del Sindicato del Personal Académico de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM) expresaron su apoyo a los 31 científicos que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y pidieron "el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados".
A través de un comunicado, el SPAUAM explicó que tuvo conocimiento de la situación de los 31 científicos a través de medios de comunicación en los que se detalló que la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 31 académicos "reconocidos nacional e internacionalmente, colaboradores y personal administrativo en áreas científicas, por el supuesto uso de fondos ´de procedencia ilícita´ (así descrito aun cuando estos provienen del Presupuesto Federal), como parte de una ´organización delictiva´ (aun cuando se trata de científicos y colaboradores de instituciones altamente reconocidas por la sociedad mexicana)".
El presunto delito de los 31 científicos, dijo el personal académico de la UAM, fue "otorgar y recibir recursos públicos, vale recalcarlo, al realizar sus funciones regulares como parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la administración pasada. Ello no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia del 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021), había señalado siete días antes que fue legal que el CONACYT le hubiera otorgado recursos públicos para su operación al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020, al estar apegado a la norma vigente".
Agregaron que "sin concluir una investigación pulcra, oportuna y objetiva sobre los señalamientos originados en una disputa política-académica, la Fiscalía optó –justo en estos tiempos de máximo encono político y tantos asuntos públicos más urgentes que atender– por llevar este asunto a las instancias más amenazantes posibles, enviando una señal ominosa que trata de acallar a las voces críticas con la actuación del Conacyt, en un momento donde la rectoría institucional de la ciencia mexicana debería ofrecer otra clase de ejemplos y recursos frente a los grandes retos globales que enfrentamos como nación y como humanidad. Esto se suma al conjunto previo de despropósitos y confusiones en materia de ciencia y tecnología que el país contempla azorado, empobreciendo aún más la conversación sobre el manejo de los asuntos públicos".
Frente a esa situación, calificaron de "inaceptable" que entre los 31 imputados se pretenda afectar a "dos distinguidos y apreciados colegas de la UAM". Se trata de Luis Mier y Terán, doctor en Física y ex Rector General, y Gabriela Dutrénit Bielous, doctora en Economía de la Innovación en el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra y profesora Distinguida de la UAM Xochimilco.
Ambos investigadores, dijo el Sindicato, "han compartido por muchos años con el resto de la comunidad de la UAM la labor de formación de futuras generaciones de ciudadanos, han hecho aportaciones relevantes a sus campos, y se han conducido con toda probidad en el desempeño de sus funciones como Órganos Personales de la Universidad, y en el caso de la Dra. Dutrénit, además de su labor académica y científica, generosamente aporta pro bono su dedicación y experiencia como parte de nuestro sindicato".
"Exigimos el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados de la manera retorcida ya descrita, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, así como demandamos el alto a los intentos de intimidación contra las otras voces críticas en la academia. En particular, exigimos la atención a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de esta solicitud de tal orden de aprehensión sin fundamentos, la conducción de la política científica sin venganzas ni coerciones, y el cese del uso faccioso de la justicia como principio de actuación en la política científica y académica de la nación", dijo el SPAUAM.
Además, convocaron a los "gremios, institutos, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar activamente el uso de los datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos, como está ocurriendo en México".
En una segunda carta, la Comunidad Académica de la UAM también se sumó a la exigencia del SPAUAM.
"¿Por qué se quiere aplicar la 'justicia' en contra de investigadores académicos preocupados en que la ciencia y la tecnología se extienda en un país donde la llamarada de violencia va ganando terreno y las desapariciones y muertes de mexicanos crecen vertiginosamente en los últimos años? La educación, la cultura, la salud deben ser los puntales para transformar la sociedad. Especialmente, en tiempos que la economía del conocimiento adquiere una gran relevancia entre las naciones del mundo, la educación en todos sus niveles, los intelectuales, los académicos, la investigación científica y tecnológica adquieren un valor decisivo para la acumulación capacidades colectivas de aprendizaje, que conduzca a una real transformación productiva, social e institucional. La incursión en las comunidades del conocimiento y sus respectivas actividades es un enorme desafío que tiene México para adoptar las fronteras del conocimiento, desarrollar tecnologías más sofisticadas y de especialización más avanzada, con mejores empleos y remuneraciones, organización eficiente de las instituciones, incrementar el crecimiento económico y así, lograr un auténtico bienestar de la sociedad", dijo la Comunidad Académica.