Pueblos fantasma en la Sierra Tarahumara, por desplazados

Chihuahua.- En la Sierra Tarahumara habitan miles de personas entre comunidades y municipios, que a lo largo de los años, debido a la violencia y la presencia de cárteles del crimen organizado, se han visto obligadas a dejar sus casas, sus tierras y orígenes para salvar la vida.

La Tarahumara se divide geográficamente en la alta y baja; las poblaciones rarámuris e indígenas habitan de manera dispersa en rancherías y pueblos en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Balleza, Guachochi, Batopilas, Urique, Guazapares, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temósachi.

Continuamente se escucha y observa cómo estas comunidades se quedan sin habitantes, consecuencia de un problema no reconocido aún por el estado: el desplazamiento forzado.

Aunque hasta el momento no existen datos que puedan contabilizar cuántas personas han sido víctimas de desplazamiento en los últimos años, a nivel nacional Chihuahua ocupa los primeros lugares por esta problemática.

Por ejemplo, el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, creado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señala que tan sólo en 2020 en Chihuahua 933 personas fueron desplazadas de tres localidades en cinco municipios.

El informe detalla que estas personas dejaron sus comunidades debido a la llegada de hombres armados pertenecientes al grupo delincuencial La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

En el segundo caso, un grupo de más de 693 personas, de 200 familias rarámuris, dejaron sus casas por los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan la zona para controlar el trasiego y la siembra de droga.

En las zonas rurales de Chihuahua la presencia de los grupos criminales es fuerte y no hay autoridad que los detenga.

A raíz de que el miedo persiste, muy pocas personas logran regresar a sus comunidades y abundan los pueblos abandonados.

En el Cedehm se acompaña actualmente a familias desplazadas de El Manzano, en el municipio de Uruachi, y de la comunidad Monterde, del municipio de Guazapares. Todos ellos dejaron sus casas entre 2014 y 2015, cuando José Noriel Portillo Gil, El Chueco, tomó el control criminal de la región.