Reciben apoyo los 31 científicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones como la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN) y la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) expresaron su preocupación por la denuncia que presentó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por los delitos que fincó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). 

Sin embargo, el Consejo indicó que “’no persigue científicos’, al contrario: los respalda con apoyos y becas” con las que se beneficia “a más de 130 mil colegas y estudiantes cada año”.

Tras darse a conocer que la FGR buscó en dos ocasiones que se giraran órdenes de aprehensión contra los miembros de la comunidad científica, sin éxito, la IHRN —fundada en 1993 los premios Nobel François Jacob, Torsten Wiesel y Max Perutz, y Pieter van Dijk, abogado en Derechos Humanos— expresó su preocupación por la insistencia de las autoridades mexicanas.

“Compartimos la preocupación expresada por otras organizaciones científicas de que nuestros colegas están siendo objeto de acoso por parte del gobierno”, dijo la IHRN e hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que cualquier investigación se haga conforme a derecho.

Por su parte, la ACAL manifestó en un comunicado que “valora la preocupación de los organismos del Estado por la transparencia en las acciones y el debido uso y a los recursos públicos, pero es muy preocupantes que en cualquier país de nuestro continente y del mundo se usen expresiones que desacreditan a la comunidad académica de esta manera sin que aparentemente se hayan ultimado los fundamentos necesarios para proceder contra los presuntos implicados”.

La Academia fundada en 1982 para honrar a Bolívar para “promover y contribuir al desarrollo de ciencias matemáticas, físicas, químicas, de la vida y de la tierra”, también dijo que “antes de hacer acusaciones, es imprescindible que quienes las hacen, demuestren que hay pruebas que inculpan a los presuntos implicados de delitos tan graves como los que se señalan, tener en cuenta que las personas a quienes en este caso se involucra han dedicado la vida a la academia y que en el medio científico los procedimientos administrativos han estado siempre sometidos a estrictas normas de evaluación y supervisión”.