Debate en el Senado sobre la reforma a la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Amparo que limitan a jueces suspender leyes, reformas u obras impugnadas mediante el juicio de amparo, luego de un largo debate durante el cual el oficialismo la avaló en lo general y en lo particular.

Claudia Anaya, del PRI, dijo que solicitarán a la Corte una acción de inconstitucionalidad a esta reforma, que "es una grave regresión en materia de derechos humanos".

Los cambios a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, establecen que: "Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales", señaló.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió su iniciativa y dijo que busca "evitar el abuso de la toga" que vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos los juzgadores de amparo.

"Me parece muy grave que el propio Poder Legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga, porque son dictadores los jueces", expuso.

El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que esta es una de las reformas más negativas de los últimos seis años, una "manzana envenenada. Lo que quieren es que nadie pueda parar al gobierno cuando hace una obra, así tal cual. Imagínense, a ver si les suena conocido, el gobierno haciendo una obra que daña el medio ambiente, no lo vas a parar".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, criticó los alcances de la iniciativa y dijo que el amparo subsistirá en la Constitución, pues una norma secundaria no puede estar por encima de la ley suprema.

"Subsiste una norma constitucional que no puede ser nulificada por una reforma de norma secundaria. La obligación de analizar, de hacer el análisis de apariencia, de buen derecho e interés colectivo en materia de suspensión no se va a eliminar simplemente por esta modificación que están intentando hacer hoy. Va a subsistir el amparo mexicano y la suspensión que se concede por los tribunales federales, afortunadamente para todos nosotros", señaló.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que esta reforma en ningún momento es una regresión de las garantías fundamentales: "Cómo un juez de Distrito puede conceder una suspensión con efectos generales, si la sentencia de amparo sólo se ocupará de los quejosos, de quien interpuso el juicio de amparo.

"No estamos afectando derechos y por supuesto que no estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos, y desde luego tampoco violentamos el principio de constitucionalidad del artículo primero".

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, indicó: "El amparo es limitar al poder y proteger los derechos. Se debilita la supremacía constitucional, se golpea a los jueces y se va a buscar una consecuencia que espero no sea deseada, los pobres necesitarán contratar a un abogado para que los efectos de una sentencia que es general sean particulares y sean relativos a una sola persona. Esto es el regreso a la octava época y borra de un jalón toda una época que tutela los derechos humanos y que los tuteló perfectamente".

La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que se va a "limitar a las personas que defiendan sus derechos".

Laura Ballesteros, de MC, señaló que esta es una "reacción a los frenos que le ha puesto el Poder Judicial a los gobiernos de Morena, es un ataque al derecho al amparo".

Senado avala la Ley de Amnistía

El pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía, que permitirá al Presidente liberar a cualquier delincuente, acusado de delitos incluso graves como narcotráfico, homicidio, feminicidio, desaparición de personas, con el argumento que aporten al esclarecimiento de casos relevantes para el Estado.

La mayoría de Morena y aliados aprobaron la reforma que fue turnada a San Lázaro y que faculta al Ejecutivo Federal para que, de manera exclusiva, otorgue el beneficio de la amnistía de manera directa, sin estar sujeto al procedimiento establecido, cuando las personas aporten elementos comprobables útiles.