Avances y Debate sobre la Reforma Eléctrica en el Senado de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Con el voto en contra de la oposición y tras casi cinco horas de debate, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, cuyo objetivo principal, de acuerdo con el proyecto, es garantizar la soberanía energética del país.

El dictamen, aprobado por 29 votos a favor y 10 en contra, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para establecer que se deberá asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.

Además, señala que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas del litio y servicio de internet que se provea no constituirán monopolios.

El proyecto de decreto establece en el artículo 27 que no se otorgará concesiones en materia de litio. Asimismo, se modifica dicho artículo para señalar que, los particulares no te darán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.

Con esta reforma, a decir de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, se retoma el carácter público y se refuerza lo que se establecía en la Ley de la Industria Eléctrica invalidada por la Suprema Corte respecto a la preponderancia de las inversiones públicas sobre las privadas, además de reafirmar que el Estado es el rector en materia de petróleo y energía eléctrica.

Al argumentar el voto en contra de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió los riesgos que implica consolidar a Pemex, que dijo "es un barril sin fondo" y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que carece de la capacidad para cumplir sus funciones, como actores dominantes en el mercado energético, pero debilitando la competencia.

Dijo que esta reforma nos regresa hacia un modelo económico obsoleto que ya ha demostrado muchas veces sus limitaciones y sus fallos en perjuicio de la economía familiar, comunitaria y nacional.

"Es historia sabida y conocida que bajo la gestión de monopolios los costos de todos los servicios tienden a aumentar, mientras que la calidad disminuye. Al debilitar la competencia lo que se está haciendo es obligar a los mexicanos a pagar productos y servicios cada vez más caros".

Además, Luis Donaldo Colosio advirtió que imponer restricciones para las empresas privadas en el sector energético inhibe las inversiones y "nos pone en conflicto directo con el clausulado del T-MEC y nuestra obligación a no restringir nuevamente sectores que antes habían aperturado a la inversión internacional. Lo que nos va a llevar a enfrentar disputas con nuestros socios más importantes, lo cual va a tener repercusiones negativas enormes para nuestra economía y ni se diga de nuestra relación con Estados Unidos y Canadá".

Al defender la reforma, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina dijo que lo que está en juego es el futuro de nuestra soberanía energética. "Esta reforma constitucional tiene absoluto sentido histórico, reivindica el patrimonio del pueblo de México, los recursos naturales energéticos para beneficio del propio pueblo", subrayó el senador de Morena.

Recordó que la reforma energética de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, estableció un sistema "cuyo único objetivo era apropiarse de los recursos e infraestructuras públicas para convertirlos en fuente de riqueza de capitales privados. Esta reforma es la respuesta del pueblo de México a los saqueadores".

La presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, explicó que uno de los propósitos de la reforma es transformar a Pemex y la CFE, de empresas productivas del Estado a empresas públicas, pues "sus objetivos tienen un carácter social, no tienen un objetivo de carácter empresarial de generar valor y buenas prácticas, sino que lo que se requiere es realmente que sirvan para beneficio de la sociedad, tomando en consideración que son áreas de carácter estratégico".

El dictamen aprobado fue remitido a la Mesa Directiva para su presentación ante el Pleno del Senado, a fin de que sea discutida y votada.