"Se declarará inocencia de García Cabeza de Vaca", dicen sus abogados

El Bufete Ruiz Durán S. C., encargado de la defensa del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó esta noche que, están confiados que "al ejercer el derecho de defensa de nuestro cliente ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, se expondrá la verdad completa de los hechos y se declarará la plena inocencia". A través de un comunicado, la firma de abogados dio una respuesta de cinco puntos al boletín que emitió la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del cual informa a la opinión pública de una supuesta orden de aprehensión y de una alerta migratoria en contra de su cliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En el punto número tres, se indica que la defensa solicitó por escrito al Ministerio Público de la Federación, que en caso de solicitar una nueva orden de aprehensión, se encontraba obligado (por el principio de lealtad y objetividad) de exhibir al Juez de Control los datos de prueba aportados por la defensa en la carpeta de investigación, "lo anterior, tiene suma importancia para esta defensa, ya que los datos de prueba que se aportaron a la Fiscalía, acreditan plenamente la inexistencia de los supuestos delitos que se le imputan a Francisco Javier García Cabeza de Vaca". Y, en caso de que la Fiscalía haya solicitado nuevamente una orden de aprehensión, agrega el comunicado, se debió de haber solicitado con base en hechos y datos de prueba sesgados e incompletos, de forma desleal y parcial; toda vez que, resulta inverosímil que un Juez de Control hubiese podido revisar en un plazo de 3 días, los datos de prueba que integran más de 60,000 hojas (20 tomos más 40 anexos).
La defensa lamentó el comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación, emitido el día de hoy, "ya que, lo anterior viola el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados, a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, de nada sirven estos derechos cuando el mismo Estado expone públicamente a alguien como responsable de un delito, cuando prueba evidente y suficiente que demuestra su inocencia".
El Bufete asegura que, lo anterior, "constituye un efecto corruptor, ya que se corre el enorme riesgo de condenar públicamente al imputado antes de tiempo; cuestión que le corresponde al proceso penal y que en este caso se ha desplazado al juzgamiento público, derivado de la información difundida institucionalmente por el Gobierno Federal".
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