Obispo Emérito: Secuestro, Drogas y Confusión

El obispo emérito del estado mexicano de Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, dijo este miércoles que no presentará denuncia penal por su desaparición y revictimización, y otorgó su perdón a las personas que lo raptaron en un caso aún no aclarado, en el que apareció en un hospital en el estado de Morelos presuntamente con rastros de drogas y psicotrópicos.

El prelado reapareció públicamente este miércoles mediante un comunicado, luego de su desaparición el pasado 27 de abril, de acuerdo con lo informado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que informó de su localización el lunes 29.

En el texto difundido, el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, expresó que después de haberlo meditado y consultado, y por lo desfavorable de su vida, edad y salud "con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación".

Dijo que no presentará denuncia contra quienes le han hecho tanto mal y pidió a los medios de comunicación que comprendan y respeten esa decisión "encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral".

La desaparición y localización del obispo se ha dado en medio de versiones contradictorias. De acuerdo con lo informado por la CEM, Salvador Rangel habría salido de su casa el 27 de abril, y su desaparición fue reportada el lunes 29; horas más tarde se reportó su localización en un hospital público de Cuernavaca, estado de Morelos, en donde reside.

Inicialmente la Fiscalía de Morelos informó que se trataba de un posible secuestro exprés, sin embargo, autoridades del Gobierno del Estado informaron que habría ingresado a un motel en compañía de un hombre, en donde fue localizado inconsciente.

En el archivo médico filtrado a medios de comunicación se informó que en los análisis clínicos presuntamente se detectó cocaína y benzodiacepinas, lo que provocó especulaciones sobre lo ocurrido en ese caso que hasta la fecha no ha sido aclarado.

La propia Conferencia del Episcopado ha considerado que el caso tiene características de persecución política contra el obispo, de parte del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.