Sedena sí puede hacer labores de seguridad pública: SSPC

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó ante diputados de Morena que los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí pueden hacer labores de seguridad pública, por lo que los instó a avalar la reforma a la Guardia Nacional que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de septiembre. En la reunión plenaria con legisladores de Morena, la titular de la SSPC sostuvo que la clave para fortalecer la seguridad en el país "es la coordinación", motivo por el que resulta relevante que la Guardia Nacional trabaje de la mano con el Ejército, pero al mismo tiempo con las policías estatales y locales.

Señaló que pese a las críticas, la Guardia Nacional se ha fortalecido y destacó que derivado de su labor, "hay una reducción histórica de homicidios dolosos", así como disminución de robos, secuestros, feminicidios y huachicoleo. Rosa Icela Rodríguez también solicitó el apoyo de las diputadas y los diputados de Morena, PT y PVEM para aprobar reformas que fortalezcan el sistema de seguridad.
Dijo que se requiere refinanciar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que permitirá adquirir más equipamiento para las policías estatales y municipales, a través de la compra de patrullas, uniformes, cascos y armamento, entre otras cosas. Rosa Icela Rodríguez insistió en que se debe aprobar ya una reforma para poder usar los recursos de las cuentas procedentes del crimen organizado que permanecen congeladas, dinero con el que podrían equipar a los cuerpos de seguridad.
Adicionalmente, llamó a reformar la Ley General de Seguridad Privada para crear el "Registro Nacional De Empresas De Seguridad Privada Y Personalidad Operativo"; una reforma a la Ley de Ejecución Penal a fin de regular las preliberaciones, así como una modificación a la Ley General de Ciberseguridad para combatir los ciberataques y regular contenido explícito y violento en videojuegos.
También solicitó una reforma para endurecer las penas contra quienes cometan tala clandestina; otras más para el control de precursores químicos o drogas sintéticas; una iniciativa para facilitar integración del delito de extorsión; así como una reforma a la Ley de Migración para castigar de forma grave a quienes cometan trata de personas contra migrantes.