Superdelegados de 4T, impunes
La SFP dio carpetazo a 92% de las denuncias presentadas por diversas irregularidades
Ciudad de México.- Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los llamados superdelegados acumularon 209 denuncias por diversas irregularidades, desde uso indebido de los programas sociales, nepotismo y abuso de funciones, hasta manejo de la estructura de gobierno con fines electorales, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la gran mayoría no merecían ser castigadas.
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, 181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo, es decir, que la autoridad no encontró los elementos suficientes para acreditar la falta administrativa.
En 11 expedientes, la Función Pública determinó que no era competente para conocer de los hechos, mientras que 16 más se encontraban todavía en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) radicado en la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.
El único expediente donde la SFP reportó que había logrado una sanción fue en el del delegado federal que despachaba en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los titulares de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo tuvieron un papel relevante, ya que fueron los encargados de coordinar y promover los programas sociales federales. Muchos de ellos, después de ostentar este cargo, buscaron alguna gubernatura o un escaño en el legislativo.
En los 32 estados del país hubo denuncias por la forma de operar los programas sociales. La entidad federativa con más quejas fue Aguascalientes, con 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022. En ese lapso estuvieron como delegados Aldo Emmanuel Ruiz, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón.
En el estado de Colima se iniciaron siete expedientes de investigación por incumplir leyes y reglamentos, desvío de recursos y conflicto de intereses.
Una de las denuncias que terminó archivada fue presentada en noviembre de 2019 en contra de la entonces delegada en Colima y ahora gobernadora, Indira Vizcaíno, por posible corrupción.
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