Aberrante designación
Para esta administración estatal sólo son necesarios 80 días de experiencia en materia de control, auditorías financiera y de responsabilidades, para ocupar el cargo y encargo de auditor superior del Instituto de Fiscalización Superior del estado, dependencia que vino a sustituir a la llamada (hasta hace unas semanas) Auditoría Superior del Estado. A esta limitada experiencia deben sumarse el aval de 25 trapeadores que el gobernador utiliza según sus necesidades y la magnitud de sus escurrimientos.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López pasó de ser asesor jurídico de la ecuación corrupta (otra de las muchas malditas herencias protegidas en palacio) a auditor superior del estado, sin cumplir con los requisitos que la propia convocatoria establecía expresamente en el numeral cinco: Contar al momento de su nombramiento, con experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Más, todavía: contar con prestigio y similares requisitos que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. ¿De dónde?
El currículo del multichambas gallardista puede encontrarse en la página del Congreso del estado, en el que se advierte que solamente tiene 80 días (los que duró de contralor municipal en la capital durante el trienio del padre Gallardo) de experiencia en materia de fiscalización y de responsabilidades. ¿Cómo fue que la comisión de vigilancia del propio Congreso aprobó ese perfil?, ¿por qué 25 diputados de todos los partidos que tuvieron la oportunidad de impugnar el dictamen y echarlo para abajo, decidieron no hacer uso de la tribuna y convalidar la designación de un incapaz, haciendo de una institución creciente y perfectible un instrumento más –como lo son ellos– de eso que llaman gallardía? La respuesta es sencilla: les llenaron las bolsas o bien negociaron espacios para sus allegados.
Impugnar era tan sencillo como leer el último párrafo del artículo 54 y el artículo 99 de la Constitución Política del estado libre y soberano de San Luis Potosí y después valorar si cumplía o no con las capacidades para esa actividad, aunque no debe causar sorpresa cuando ni siquiera saben diferenciar la materia fiscal de la fiscalización de los recursos públicos; la sorpresa que sí causa es el que tengan la capacidad de decidir. Pero nada les preocupa, ya que saben, sabe y sabemos que la capacidad es lo de menos, finalmente Rodrigo Joaquín no va a trabajar sino a cumplir las órdenes de su jefe: Guadalupe Torres Sánchez.
Auditar y fiscalizar un presupuesto de más de 70 mil millones de pesos al año, no es cosa menor y menos en una dinámica en donde el gobernador salió despilfarrador, mal pagador (pregunten a Pensiones y a la UASLP) y bastante opaco en la rendición de cuentas. Por eso, precisamente, se puso a alguien que no solo no conoce la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ni las Normas Profesionales de Auditoria, o el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sino además, sólo se concreta a obedecer.
Sin embargo, ésa no es ahora la utilidad del IFSE. Ricardo Gallardo entendió muy rápido el juego, y a pesar de quejarse amargamente de la depuesta Rocío Cervantes, el buen trabajo que ella realizó (gracias a personal especializado) le sirvió para impulsar las carpetas de investigación penal contra exsecretarios carreristas que (presurosos y en cajas de huevo, o por arriba y debajo de los escritorios) corrieron a conseguir acuerdos con la Fiscalía (otro ente inoperante) que desafortunadamente no impulsó con la misma ferocidad el dictamen de auditoria contra quienes contrataron a Sandra Sánchez Ruiz o aquel contrato municipal en el trienio 2015 a 2018 para la avenida fray Diego de la Magdalena. Otros milloncitos se habrían recuperado.
Gracias a este nombramiento, los presidentes municipales (entre otros posibles actores) estarán ahora de rodillas ante los chantajes del gobernador, a sabiendas de que si no acceden a cualquier capricho o son incapaces de agradar al gobernador, desde que sale el sol hasta el ocaso, el hoy flamante auditor estará en la mejor de las disposiciones para hacerles ver que sólo lo que aquel ordene, autorice o apruebe, será lo único que se puede hacer.
Y no es por ser mala entraña pero creo que lo mejor para San Luis sería que algún experto en materia jurídica, promoviera alguna acción contra semejante aberración, ya hemos visto que muchas convocatorias incumplidas, son, a fuerza del derecho, hechas valer para su debido cumplimiento, con todo y las rabietas del primero sin segundo y del segundo sin primero.
