Acuse de recibo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de adopción de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Respecto al primer punto se regulan las condiciones para la transparencia, en la que cualquier persona puede acceder a información pública. Así también se estipula la claridad con la que el Estado deberá generar, sistematizar y hacer disponible los datos sobre distintos aspectos vinculados al ambiente.

En cuanto a la participación pública, se destaca su importancia en los procesos de toma de decisiones ambientales y se hace hincapié en los esfuerzos por incluir a públicos específicos y en situación de vulnerabilidad.

Con relación a la justicia, se contemplan las garantías y condiciones para su ejercicio tanto en la administración como en la justicia misma. Esto nos da pauta a la articulación de puntos esenciales para el progreso de nuestro derecho ambiental.

Además, y como aspecto novedoso, fue el primer tratado internacional que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que surge precisamente para luchar por la naturaleza. Allí se establecen obligaciones para garantizar un entorno seguro sin restricciones o amenazas, así como para velar por la protección y promoción de los derechos necesarios de los defensores humanos, incluidos la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, circulación y reunión, entre otros. Asimismo, deberá trabajarse sobre las medidas apropiadas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenaza a dichos individuos.

En un país donde el manejo de información, la negación de datos por parte de las autoridades y la violencia y amenazas a los defensores es diario, pertenecer a este acuerdo representa un gran reto que ya veremos cómo se desarrolla con el paso del tiempo.

¿Cómo podríamos alzar la voz por nuestro medio ambiente sin protección? Luchar por un derecho humano no debería costarnos la vida, es por esto que Escazú es un rayo de luz para todos aquellos que velamos, luchamos y abogamos por una nación verde.

Sabemos que como ciudadanos tener una participación activa es parte de nuestro privilegio, ejercerla también lo es, pero ¿Qué tanto se nos toma en cuenta? ¿Qué tan arriesgado es?

La obligación del Estado consiste en diseñar un sistema institucional que permita el ejercicio del derecho de los ciudadanos a intervenir directamente, en diversos temas. La colaboración social debe ser abierta e inclusiva, con el propósito de que todo interesado pueda incidir jurídicamente en los procesos nacionales e internacionales que impliquen una disposición desde sus etapas iniciales, por ejemplo autorizaciones, elaboración de políticas, programas, leyes y normas ambientales.

Por otro lado, la participación pública tiene por objeto incorporar un abanico de visiones para contribuir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas relacionadas a nuestro entorno. No se debe perder de vista que este ejercicio puede ocurrir desde el propio interés del público, o bien desde agentes gubernamentales.

De este modo, se advierte que lo gubernativo juega un papel fundamental para la vida de la sociedad; sin embargo, a pesar de su importancia todavía se piensa que esa esfera pertenece solamente al Estado y es que muchas veces nuestra voz es restringida.

Este derecho tiene frente así el reto de superar el desprestigio que se ha tenido en los procesos de toma de decisión, los cuales van desde el abuso del formalismo hasta la transparencia. El instrumento busca renovar esta figura para rediseñar desde los derechos humanos y permitir a los Estados alcanzar una plena, real y efectiva cooperación. 

Le suplico entonces que trabajemos unidos haciendo ciudadanía participando en los asuntos públicos. ¿pero quién cuida al defensor? Pues nadie. Aunque el Acuerdo proporciona disposiciones legales esenciales para protegerles, los derechos de las personas defensoras del medio ambiente que enfrentan persecuciones y asesinatos, son letra muerta, literal.

Tenemos la responsabilidad urgente de luchar por un futuro sustentable, con prosperidad y respeto por todas las formas de vida y sus derechos en las generaciones presentes y futuras.

Recordemos que la defensa de un derecho no constituye un ataque, sino la búsqueda de respeto del mismo; crecer en sintonía con el cuidado al medioambiente nos permitirá cambiar el presente para reverdecer el futuro, pues en Cambio de Ruta no tenemos ningún otro objetivo más que recuperar el capital verde de nuestro San Luis.

Delírium trémens.- Es claro que el activismo jurídico que realizamos a muchos no les gusta. Es una lástima que no sepamos vivir en democracia y debatir las ideas. Acuso recibo de las intimidaciones que desconozco si vienen de la 4T, la Gallardía, del Municipio de Soledad, del Gobierno Federal, de quienes lucran de la democracia y la ecología o de pseudoambientalistas. Tomaremos una pausa en ese ejercicio y apuntaremos ahora a la educación ambiental y la academia.

#YoDeclarolaEmergenciaClimática

@luisglozano