¿Administrar la abundancia?
En el ámbito público impera una lógica peculiar y muy añeja. Se trata de esta construcción narrativa de que gastar mucho es bueno. Usted ya ha escuchado los discursos: “y con una inversión de -inserte la cantidad que le venga a la mente- millones de pesos, se realizaron importantes obras y programas que coadyuvarán -palabreja de la jerga- al desarrollo social”. ¿Recuerda Usted esa etapa en la que una obra pública se colgaba un cartel en el que se señalaba el costo total de inversión de la obra y la estimación de beneficiarios de la misma? A eso le llamaban rendición de cuentas, o más temerario aún: contraloría social. Eran las lógicas de sentirse orgullosos de que un gobierno gasta mucho y eso es bueno.
De entre todos los problemas que subyacen en esa lógica -que nos urge erradicar-, resulta indispensable visibilizar algunas implicaciones del ejercicio del gasto público que son ampliamente conocidas por los actores protagonistas de las decisiones políticas y presupuestales, pero que son ajenas al debate público. ¿Y esa cantidad de dinero es mucho o poco? ¿en referencia a qué? ¿será que nos encontramos en un estado del conocimiento en el que solo podemos abandonarnos a la idea de entender y evaluar al gasto público por la cantidad que se eroga y por la supuesta estimación de los beneficiarios? ¿Cómo hacemos para saber que los recursos que se destinan para determinadas actividades son, en cantidad, pertinentes en comparación con otras agendas, obligaciones, problemas, necesidades o demandas de la población?
Han pasado 45 años desde que el entonces Presidente José López Portillo nos advirtió de que deberíamos estar preparados para administrar la abundancia en clara referencia al flujo de ingresos que se lograban por la privilegiada actividad petrolera del país en un contexto de hace casi medio siglo. No se administró la abundancia, tampoco se aprendió sobre disciplina financiera. Desde mitad de la década de los años 50 del siglo pasado, las escuelas de gobierno y administración pública en Estados Unidos y algunos países de Europa ya avanzaban en el desarrollo de métodos de gobierno que partieran del supuesto de que los recursos del estado son finitos, mientras que las necesidades no lo son. Pero no fue sino hasta los complicados años 70 en donde se comenzaron a establecer bases normativas para vincular el ejercicio del gasto a procedimientos de programación y presupuestación. Tuvieron que pasar otras dos décadas de dolor y crisis económicas para que, desde el ámbito internacional llegaran las recetas del Consenso de Washington, que consistían en recomendaciones de política económica que buscaban revertir los vicios que habían hundido a Latinoamérica en las crisis que Usted probablemente recuerda: el proteccionismo, el excesivo intervencionismo del estado en las actividades económicas de la sociedad y la notoria incapacidad de controlar el déficit público. Sobre Consenso de Washington -cuna del malvado neoliberalismo- podemos escribir en otra ocasión, Lo que quiero decirle es que ya tenemos unos treinta años con la necesidad de implementar medidas estrictas de disciplina y control del gasto público.
Sin embargo, hay otros problemas que hoy son distintos: no encuentro sorpresa ni inconveniente alguno en saber que las decisiones presupuestales obedecen a criterios políticos por sobre los técnicos o los científicos. Lo que resulta preocupante es que estas discusiones se mantengan ajenas del escrutinio público. Ese que desde la sociedad civil pregunta, investiga, cuestiona. Ese solicita justificaciones antes de conocer explicaciones. Ese escrutinio que no se conforma con ver cifras globales publicadas, sino que presta atención a los detalles.
A partir del análisis del paquete económico federal (Criterios Generales de Política Económica, Miscelánea Fiscal, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación) y sus equivalentes en las entidades federativas, se realiza un proceso legislativo que bien podría alimentarse de debate público: ¿en cuánto aumenta -en términos reales, sin efectos inflacionarios- el gasto público del siguiente año con respecto al año que está terminando? ¿cómo se cubrirá el aumento del gasto? ¿a dónde irán los recursos? ¿qué es lo que justifica públicamente esas decisiones? ¿qué temas parecen no importar en las decisiones presupuestales de un gobierno?
Hay que tener claro que gobernar es un asunto complicado y las decisiones de finanzas y gasto público tienen efectos redistributivos: mientras que algunos ganan, otros pierden. Las obligaciones constitucionales, financieras y políticas no se deben dejar de cumplir. Cada quien las prioriza como puede.
Le comparto con cálculo rápido. En San Luis Potosí se proyecta un aumento del 8.4% del gasto público con respecto al año 2021. Sin embargo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana -organismo que se dedica a hacer funcionar a la democracia local -no solo la electoral-, que tutela derechos políticos y que gestiona -y sanciona- al sistema de partidos, recibiría -37% (menos treinta y siete por ciento) del presupuesto indispensable para el desarrollo de sus actividades ordinarias de un año no electoral. Bajo ese supuesto, el porcentaje del costo operativo del CEEPAC con respecto al total de los egresos de las más de 200 dependencias públicas del ámbito estatal representa el 0.09% del presupuesto. Ni siquiera una décima de punto porcentual. No puedo cuestionar si hay cosas que cuestan más caras o que aportan mayor o menor valor público. Quien tenga los datos podrá compararlos analíticamente. Lo que he sostenido es que existe un balance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que no rivaliza con la disciplina financiera y la racionalidad del gasto. Hay que debatirlo.
Twitter. @marcoivanvargas
