Agoniza el Hospital Central

Es lugar común afirmar que la crítica situación –si no es que agónica– que sufre el Hospital Central, deriva de su incorporación al Insabi y por ende al sistema de salud propuesto y echado a andar por la llamada Cuarta Transformación. Mucho hay de cierto en esto, desde luego, pero de manera conjunta se suman otras circunstancias, que no se comentan; no sé si porque resulta más conveniente y redituable cargar culpas a la federación, porque estaban ya algunos planes políticos en marcha y era más fácil fingir demencia, o por absoluto desconocimiento. Lo último nadie lo cree. 

La compleja situación en materia económica que atraviesa el Hospital Central no es cosa nueva, sin embargo nunca se había llegado a estos niveles de emergencia; desde hace bastante tiempo –y muchos gobernadores– se enfrenta a un déficit presupuestal permanente que nunca se ha atendido. 

Una excepción honrosa se dio en 2012, cuando el entonces secretario de Salud, el doctor Alejandro Perea, consiguió 150 millones de pesos de apoyo extraordinario para el Hospital, para tratar de paliar los 215 millones de deuda que lo aquejaban; de éstos, 110 millones fueron utilizados para negociar pagos con proveedores, quedando 40 millones que no acabaron siendo utilizados bajo este rubro, pero que posteriormente fueron aplicados a pagos de pasivos. Luego, nunca más; antes bien, un onagro que fue gobernador (médico para mayores señas) buscando que se certificaran cuatro servicios más, dispuso la construcción de un área de quirófanos, asignada –por disposición del hoy agónico Cándido Ochoa– a Porfirio Flores Vargas (luego protegido por el gobernador Carreras, en la Junta Estatal de Caminos), y pagada con recursos del rubro de Gastos Catastróficos, del Seguro Popular.  Esta área, inaugurada un mes antes de concluir ese sexenio, fue demolida en abril de 2018. 47 millones de pesos (de casi 21 y medio, proyectados en origen) que hubiera sido más productivo arrojar al drenaje. 

 Al inicio del sexenio del doctor Carreras, y ya como secretaría de Salud la doctora Mónica Rangel –hoy deslucida candidata morenista a la gubernatura– se comenzó el ambicioso proyecto de la ampliación del Hospital Central; es necesario señalar que esta obra no es mérito ni del gobernador, ni de la tránsfuga de ocasión; 15 días antes de la conclusión del sexenio anterior, fueron recibidos recursos por el orden de los dos mil trescientos millones de pesos, destinados en su mayor parte a la ampliación del Central, y en muy bajas proporciones a un equipamiento concreto del Hospital del Niño y la Mujer (antiguo Materno Infantil).      

En 2019, con la incorporación del sistema de hospitales del estado, al lnsabi, la tutela de éstos pasa a manos del sistema de Salud federal, que ante la falta de reglas y de un claro sistema operativo, retiene el recurso asignado al Central y se desata el caos. 

De manera reiterada me han indicado algunos defensores –a sueldo, de oficio, o simples amartelados– del gobernador y la ambiciosa secretaria, que es ella quien menos culpa tiene, porque el modelo federal ni ha entregado recursos, y eliminó una fuente de ingresos constantes que eran las cuotas de recuperación (cerca de trescientos millones de pesos anuales); enorme paliativo si consideramos que el gasto promedio por día del Hospital asciende a un millón de pesos aproximados. 

Todo esto es cierto, pero lo que no se dice es que la doctora Mónica Lilina Rangel, fue quien recomendó la adhesión de los Servicios de Salud del estado, al INSABI. Es decir, ésta era opcional, recordemos que en la actualidad nueve estados (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo león, y Tamaulipas) no se encuentran dentro de este modelo; ciertamente, son los estados regentados por gobernadores opositores, pero en este caso más que por un sentido de compromiso que garantizara el funcionamiento práctico y digno del Hospital Central, se hizo –como dice un amigo, que decía su abuelita– “por andar de nalgas prontas”, uno, y por garantizar mayor disposición de recursos, la otra. 

Los Servicios de Salud en el estado, cuentan con un presupuesto asignado de cuatro mil ciento ochenta y siete millones seiscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos,  mientras que el Hospital Central enfrenta un adeudo (entre proveedores, cuotas de Infonavit, servicios subrogados y adeudos, de 407.5 millones. Es decir, a pesar de la complejidad, si hubiera voluntad (porque recursos los hay), se podía disponer de un porcentaje para ayudarlo, saneando y quitando presión a los pasivos; o sea, con 100 o 200 millones que se le hubieran inyectado, no se erradica el mal, pero se disminuía la presión y se generaba cierta tranquilidad por un par de años. 

No hay que pasar por alto otro detalle: los Servicios de Salud tienen 475 millones de pesos, que se denominan como “Recursos estatales”, de los cuales se pueden disponer libremente, por ser una caja chica anual, de la que siempre se echa mano (como lo hizo la doctora Rangel). Hay dinero, lo que falta es voluntad. 

¿Por qué el gobierno estatal o los Servicios de Salud no se deciden a apoyar ya?, pregunté de manera concreta a un gran conocedor del tema, y la respuesta fue más concreta: “[el gobierno estatal] juega a pedir limosna a la federación, siempre han jugado a eso, desde muchos años.” 

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El pasado jueves, el Tribunal Electoral  desechó la impugnación de Xavier N. Palacios (tercera instancia que pierde) promovida contra el proceso interno en el que resultó ganador Octavio Pedroza. N. Palacios no logró acreditar ninguna impugnación, ningún vicio en la elección interna, ninguna violación constitucional. Es decir, por un lado se echa por tierra el discurso de hoy candidato de morena, en el que se victimizaba frente al actuar del panismo; por el otro, de hecho y conforme a derecho, Octavio es el candidato de PAN a la gubernatura, y por ende de la alianza antinatura. Sin embargo me surge una duda: ¿qué hubiera hecho Xavier N. Palacios, en este momento, si hubiera sido declarada improcedente la candidatura de Octavio?

También el jueves, el referido Tribunal sancionó administrativamente al mismo actor, por utilizar indebidamente niños en su propaganda de redes sociales.  La falta fue tipificada como grave, imponiéndosele una multa de un mil umas (unidad de medida y actualización, equivalente a $89.62 pesos) o sean $ 89,620.00.  

Por cierto, mientras veía y escuchaba la sesión del Tribunal Electoral, en la que se dictó la última de las sentencias, no supe si presenciaba peroratas huizacheros en asamblea ejidal, o de boleteros en terminal ferroviaria. Son espacios poco acordes a la dignidad de su investidura, entre berridos de niños y ladridos de perros enfurecidos. De lo demás no digo nada, aunque por un momento, no supe si presidía la magistrada presidente, o la doctora Ramos.

Gracias por la lectura; se acerca Semana Santa, no bajen la guardia.