En otro capítulo más de la destrucción institucional que ha emprendido el gobierno federal, esta semana le tocó a los fideicomisos públicos, lo cual sin duda es un atraco contra el futuro del país. Esta acción, ordenada desde Palacio Nacional y consumada en la Cámara de Diputados por la mayoría formada por Morena y su cómplice el PVEM, que se vende al mejor postor, se suma al exterminio que emprendió el Presidente de otros programas, obras e instituciones. A la guillotina han pasado lo mismo la Policía Federal, que el Seguro Popular, las estancias infantiles, o el Nuevo Aeropuerto Internacional que se construiría en Texcoco. Por otro lado han dejado inservibles instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, entre otras.
La razón, o más bien pretexto, siempre la misma: hay corrupción. No se puede dudar que efectivamente hubo (y hay) problemas de corrupción, lo hemos señalado durante años las organizaciones civiles; lo realmente preocupante que en ninguna de las instituciones destruidas, como tampoco pasó con los fideicomisos, se tenga un diagnóstico previo, sentencias en contra de servidores públicos, redes de corrupción desarticuladas, dinero recuperado por sentencias firmes. No hay nada, solo demagogia y demolición.
La decisión de desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos representa un abuso sin precedentes para manejar discrecionalmente recursos destinados a propósitos, proyectos y responsabilidades esenciales para el Estado mexicano. Entre ellos, recursos que corresponden a los centros de investigación y educación científica, para impulsar proyectos culturales, para atender desastres naturales o para la atención a víctimas.
Por si no fuera suficiente, desaparecen también el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el Fondo de Apoyo Emergente de Atención a Víctimas, aun cuando éstos han sido los únicos instrumentos de respuesta ante situaciones de emergencia para estos grupos vulnerables.
Se trata de decenas de miles de millones de pesos adicionales que el gobierno federal pretende gastar como supuestos “apoyos” directos a su entera discreción. Además, se difunde el absurdo de que no sólo se mantendrán los apoyos, sino que los recursos también se van a utilizar para atender la pandemia.
El gobierno federal que está urgido de recursos para mantener sus obras faraónicas, está empeñado en obtenerlo de la peor manera, eso sí, sin afectar los fondos que financian prioridades gubernamentales, como es la militarización acelerada del país; de ahí que se mantenga el fideicomiso de 30 mil millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional, y el fideicomiso de aduanas, que cuenta con 70 mil millones, pasa a control de Sedena, y también se mantendrá incólume.
El daño que se hará al país es incalculable, en momentos en que confluyen las peores crisis en salud, economía y seguridad del último siglo; y no habrá demagogia suficiente para ocultar la desviación inmisericorde de recursos hacia proyectos inservibles, hacia la militarización del país, y hacia programas clientelares disfrazados de política social.
Con la desaparición de estos fideicomisos, con los recortes presupuestales al conjunto de la estructura gubernamental, y con los ataques sistemáticos a cualquier institución, entidad o actor que pretenda ser autónomo, el gobierno federal demuestra, una vez más, que la prioridad es destruir para acumular poder y recursos en manos de una sola persona que todo lo sabe. Alarma además, que el poder legislativo esté entregado al poder Ejecutivo y que el poder Judicial ha demostrado que es capaz de ceder para no enfrentarse con el Presidente.
El problema somos todos, solo nos quejamos cuando directamente nos afecta. ¿Qué tiene que pasar para que juntos digamos “basta”?
(Colaboró Teresa García)
@MaElenaMorera
(Presidenta de Causa en Común)