El secuestro: una muerte suspendida
El macabro mundo de los secuestros en México pareciera no tener fin.
Este delito es tan grave que, quienes desgraciadamente han sufrido la muerte de un ser querido y, además, un secuestro, ya sea en la familia o propio, consideran que lo primero es menos doloroso que lo segundo.
La razón es que el secuestro equivale a una muerte suspendida. Durante el tiempo de agonía que dura, todo es incertidumbre. En la muerte, por el contrario, se sabe que la víctima ya no tiene vida; que no seguirá sufriendo y, sobre todo, dónde está el cuerpo. Es decir: hay certezas.
A pesar de lo que dicen las autoridades, todo indica que este delito va en aumento. Desde principios de siglo, este crimen se transversalizó. No distingue entre clases económicas y cada vez afecta más a las personas de clase media y baja. Los criminales han descubierto que tener más de una persona secuestrada o secuestrar migrantes es más redituable que raptar a personas adineradas que cuentan con equipos de protección e influencia política.
Al igual que pasa con todos los problemas de inseguridad, durante este sexenio no se implementó una política contra los secuestros. A la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), que dio muy buenos resultados, le cambiaron su esencia, ya que se creó en 2014 con la intención de que fuera un organismo de coordinación y apoyo a las Unidades Antisecuestro Estatales (UECS) y contara con recursos económicos, técnicos, operativos (coordinado con la Policía Federal) y de auditoría, pero a lo largo de este gobierno se convirtió en una unidad operativa más que no cumple con su principal función, que es apoyar a los estados.
Desde 2020, en Causa en Común denunciamos que las fiscalías estatales, ya sea por ineptitud, omisión o posible manipulación, no están registrando correctamente los delitos de secuestro (entre otros) porque hemos descubierto que no los registran o los inscriben en la subcategoría de “otros delitos contra la libertad personal” (“otros”).
Entonces, además de los secuestros, que van al alza en el primer semestre del año, también tenemos que poner el ojo en esa subcategoría. De esta forma, resulta que en 2015 se reportaron 1,381 víctimas de secuestro y 11,232 en la subcategoría “otros”. En 2022, en tanto, se reportaron solo 724 víctimas de secuestros, pero la subcategoría aumentó un 123%, alcanzó los 29,834 casos.
Se supone que la subcategoría “otros” asienta la intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la libertad; auto secuestro; y desaparición. Ello significaría que hay muchas más personas intimidando a víctimas de secuestro, pero ¿hay mucho menos secuestros?, ¿se disparó el auto secuestro? ¿o en varios estados hay más desapariciones que registran en sus “otros” pero no en el Registro de Búsqueda? De no ser manipulación de cifras, no se entiende lo que está pasando. A estos datos hay que agregar la cifra negra que la ENVIPE 2022 estimó en 96.9% en 2021, lo que implica que se cometieron 63,131 secuestros.
Mientras la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana guarda silencio sobre estas anomalías.
No dudemos que la realidad los va a alcanzar. Cada día hay más voces que expresan su dolor por las violencias que se cometen en el país sin que los gobiernos se inmuten. Y de acuerdo con un estudio de CIDAC (2015), el secuestro es uno de los delitos que más impacta de forma negativa en la percepción de seguridad de la población, ya que un aumento de cuatro secuestros por cada 100 mil habitantes incrementa la percepción de inseguridad en 1%. Al tiempo.
* Presidenta de Causa en Común
(Colaboró René Gerez)
