Apostemos por el Municipio: La alianza federalista

La pobreza se combate con Educación, Empleo y con Servicios Públicos suficientes y adecuados, no con  dádivas económicas electoreras.

Que no trate de engañarnos el secretario de Hacienda Arturo Herrera al decretar frente a los medios de comunicación “que los estados reduzcan su dependencia financiera y que cobren más impuestos”, porque él sabe que la Ley de Coordinación Fiscal vigente, impide a los Estados cobrar más impuestos, están maniatados por esa Ley, que es la que piden los gobernadores de la Alianza Federalista que se revise y actualice en un nuevo Pacto Fiscal.

Como país, con 130 millones de habitantes, necesitamos organizarnos mejor. ¿Cómo? Pues como lo hacen los países más prósperos del planeta, las empresas más desarrolladas y los organismos sociales más eficaces: Distribuyendo inteligentemente las responsabilidades y asignando a las partes del todo, los recursos para cumplirlas. No se vale en estos países e instituciones que la entidad mayor haga o resuelva lo que le compete a la menor. No es eficaz que un gobierno central o nacional se entrometa en los temas que se pueden resolver por el ente estatal o el gobierno municipal que debe contar con los recursos adecuados: Esto es la esencia del Principio de Subsidiariedad. Es preciso respetarlo para delimitar con toda claridad la responsabilidad de cada nivel de gobierno.

Se debe reconocer en primer lugar la inteligencia, la capacidad y el talento de las energías locales, para generar sus propios recursos, actualizando las leyes fiscales para devolver su auténtica soberanía a los estados y a los municipios de la nación. El esquema actual de “Coordinación Fiscal”, es en realidad una treta del gobierno central que allá por los años 70’s u 80’s del siglo XX, le arrebataron a los estados y municipios de este país sus potestades fiscales, a cambio de “otorgarles” las participaciones federales, que más que una coordinación, constituyó una subordinación que debe ser rectificada para lograr un verdadero desarrollo equilibrado.

La pobreza, como muchos otros de los problemas de México, tienen una mejor solución desde la óptica de lo local, con la capacidad y la riqueza generada con el trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos en cada localidad y en cada municipio, no bajo la perspectiva de un gobierno central y sus programas sociales, cuyos funcionarios, desde el confortable sillón de una oficina en la capital del país, no entienden muchas veces las circunstancias y las necesidades reales de la población local. 

El reclamo de los 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, no es una mezquina intención de arrebatar al gobierno federal mayores recursos en las llamadas “Participaciones Federales”, que establece la Ley de Coordinación Fiscal, desde hace más de 40 años. Tampoco es el reflejo de una  ambición monetaria de los gobernantes de esas diez entidades federativas. No es, a mi parecer, nada de eso. Y, mucho menos, busca la fragmentación de México, separándose del Pacto Federal para formar nueva nación. 

Es una acción jurídica que busca, mediante un diálogo serio con la Federación, recuperar para los ciudadanos de los estados, parte de los recursos que les sustrae abusivamente un gobierno central, que ha desvirtuado en los hechos el Principio de País Federal que estipula la Constitución General de la República.

La Alianza Federalista integrada por los gobiernos soberanos de Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Tamaulipas, solo busca mediante una negociación política inteligente y respetuosa con el gobierno federal, un nuevo arreglo institucional para que, acorde a las circunstancias económicas y demográficas actuales del país, se establezca una nueva fórmula que respete los principios constitucionales de soberanía de los estados y autonomía de los municipios así como el sólido Principio de Subsidiariedad que establece que la entidad mayor no puede ni debe intervenir en la esfera de competencia y responsabilidad de la entidad menor, salvo excepciones y a petición de ésta.

Se trata de un reclamo razonable y justo, que, en sus propias palabras propone, “la edificación de un federalismo funcional y respetuoso”, que “devuelva a los estados y municipios bajo un esquema de estricta racionalidad y equidad, los recursos suficientes para atender las amplísimas necesidades sociales que representan la prestación de los servicios y obras públicas de cada comunidad municipal del país, que tienen la responsabilidad y la obligación constitucional, según el artículo 115, de prestar, para la vida civilizada y digna de su población.”

No obstante que los 10 gobernadores han solicitado repetidamente un diálogo con el presidente Lopez Obrador, para iniciar un examen serio de la actual distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno para actualizarla a las necesidades y circunstancias actuales de todos los estados de la República, y poder mantener un equilibrio razonable de acuerdo a las responsabilidades y competencias de cada nivel de gobierno, este se ha negado con un pretexto  insubstancial:  que tal diálogo “afectaría la investidura presidencial.”

La actual Ley de Coordinación Fiscal, fue puesta en vigor en 1980, cuando el país contaba con 66 millones de habitantes y la mitad estaba en áreas rurales. Fue elaborada en los tiempos del presidencialismo exacerbado, que dio al gobierno federal un poder total, al concentrar casi todas las fuentes tributarias principales, y dejar a estados y municipios casi sin ingresos propios, salvo el impuesto predial y algunos Derechos y Aprovechamientos de menor cuantía causando una precariedad financiera permanente que en los hechos convirtió a los estados de la República en una especie de súbditos indigentes y supeditados al arbitrio o al humor del presidente en turno, anulando en los hechos, el Principio constitucional de la Soberanía de los Estados y la vigencia de un Pacto Federal efectivo.

El presidente López, si en verdad desea combatir la pobreza creciente de millones de mexicanos, tiene la histórica oportunidad de iniciar de verdad ese proceso, abriendo el diálogo solicitado con los gobernadores de la Alianza, fortaleciendo la economía de los municipios de todo el país, cuyas autoridades son las que más cerca están de los problemas de marginación que solo se podrán resolver con Ayuntamientos responsables y con recursos suficientes para darles a los más pobres una vida más digna, segura y saludable.

lujambio06@hotmail.com