Argumentos centralistas

Es cómodo hablar de la provincia desde un Starbucks en Polanco. Puedo entender -sin mayores sobresaltos- que en la política existen personas que se otorgan enormes licencias discursivas para argumentar una idea que pretenden presentar a la población. De sobra hemos hablado en este espacio sobre los distintos recursos retóricos a los que acuden quienes buscan persuadir o convencer sobre una idea que podría no ser pertinente, pero que suele ser ataviada con razones que parecen plausibles, pero que quizás no se sostienen ante un debate abierto e informado.

Otra cosa distinta es que desde los espacios editoriales o de opinión pública, se confunda opinión y análisis -no es lo mismo-, y desde esa confusión se argumente con falacias formales como falsas causas, falsas analogías y generalizaciones precipitadas.

Es el caso de algunos textos y posicionamientos que he leído recientemente sobre la justificación de una propuesta de reforma electoral que pide eliminar a las autoridades electorales locales: tribunales locales (autoridades jurisdiccionales) y Organismos Públicos Locales Electorales (autoridades administrativas). Probablemente ya a escuchado Usted esta idea, no solo porque se ha estado discutiendo aisladamente desde hace unas semanas, sino porque desde las reformas estructurales del denominado “Pacto por México” entre 2013 y 2014, se habló de una reforma electoral que concentrara la totalidad de la organización de los procesos electorales en una sola autoridad nacional -lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral-. 

Esta idea fue retomada en 2018 y 2019 cuando un conjunto de integrantes del Congreso de la Unión propuso una nueva reforma centralista. Idea que no prosperó por dos factores fundamentales: los actores relevantes advirtieron sobre la inviabilidad técnica y política de la propuesta y la ausencia de consensos entre las fuerzas políticas en el Congreso.

Nuevamente ha surgido una propuesta que refundaría al sistema nacional de elecciones a menos de 25 meses de la jornada electoral de 2024 en el que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo de la federación -elecciones presidenciales y legislativas- así como elecciones locales en 30 estados de la República en donde se elegirán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Para soportar esta propuesta, se ha argumentado que la coexistencia de autoridades electorales federales y locales constituye una duplicidad de funciones y de gasto público -falacia de falsa causa-, que en otros países funciona un modelo de autoridad unificado -falacia de falsa analogía- y que los conflictos en algún proceso electoral local justifican la centralización del modelo -falacia de generalización precipitada-.

Hace un par de años, precisamente por estas fechas, publiqué en este mismo espacio un texto dividido en dos entregas al que titulé “Federalismo Electoral” -que se puede localizar fácilmente en internet- en donde presenté una serie de datos -que hoy no son muy distintos- para justificar la pertinencia del actual modelo de organización de elecciones en nuestro país. Es probable que conforme avance la discusión sobre este asunto, le presente algunas actualizaciones de todo este análisis que ya fue debatido en 2019 -y que justifican por qué considero falaces los argumentos vertidos en los juicios que sostienen la propuesta-. Hoy quiero sugerirle prestar atención a la celebración de la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio en el que se elegirán gubernaturas y otros puestos locales en seis entidades federativas. Se trata de una elección no concurrente en donde solo se elegirán puestos locales y podrá apreciarse el funcionamiento del modelo de coordinación entre OPLEs, INE y tribunales. Insisto: elecciones locales en donde los OPLEs tienen unos tramos de responsabilidad, el INE otros y los tribunales otros distintos.

Mientras eso ocurre, conviene recordar una lección importante: el diseño constitucional de las instituciones políticas en nuestro país no es una expresión pura de “un credo político uniforme” -así lo sentenció Emilio Rabasa-, sino el resultado de una serie de transacciones, negociaciones y concesiones. Tenemos el modelo de organización político-institucional que el nivel de acuerdo político ha alcanzado. Esto no es mejor ni peor, bueno o malo: en cualquier caso refleja la salud de un sistema de pluralidad de visiones que autorregulan un juego que importa a todas/os y en el que todas/os debemos participar.

Para entender la complejidad de la provincia, hay que asomarse a ella.

Twitter. @marcoivanvargas