Arreglar la justicia
En el nuevo gobierno, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones, ni de peticiones ilegítimas. y habrá absoluto respeto con sus veredictos”.
Andrés Manuel López Obrador, 8.08.2018
Por supuesto que se necesita una reforma del poder judicial, pero hay que arreglar lo que no funciona y con medidas que realmente solucionen los problemas. La iniciativa del presidente de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no resolverá ninguna de las fallas del sistema en nuestro país; al contrario, las agravará.
Uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema de justicia es la demora de los procesos. Si bien el artículo 17 constitucional establece el derecho a una justicia pronta y expedita, los juicios suelen ser largos y complicados. Decenas de miles de imputados son encarcelados durante años por delitos que no cometieron, bajo la injusta figura de la prisión preventiva; y si al final se les exonera, no se les ofrece siquiera un “Usted disculpe”. A pesar de la tardanza en los procesos, los fallos no ofrecen una justicia “completa e imparcial”. La inequidad es también notoria. La hoy virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum lo dijo a pregunta mía en Tercer Grado el 20 de mayo: “Habría que preguntarse si la Corte está, o el poder judicial en general, atendiendo a los más necesitados del país”.
En lugar de promover una justicia pronta y expedita, completa e imparcial, que alcance “a los más necesitados”, el presidente lanzó el 5 de febrero una iniciativa de reforma que no se enfoca a ninguno de estos problemas. Lo que busca es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular para que sean leales al presidente y a sus partidos. Esta reforma violaría el precepto constitucional que señala que “las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”.
Ayer el presidente continuó con su ya larga campaña de difamación de los juzgadores. “A ustedes les consta -dijo-- de cómo hay mucha corrupción en el poder judicial, mucha, mucha corrupción. Está el poder judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el poder judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia”.
Lo curioso es que su amigo Arturo Zaldívar, cuando era presidente de la Suprema Corte, ya hizo una reforma judicial en 2021; afirmó que era la más importante desde 1994 y con ella, supuestamente, eliminó la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y la violencia de género en sistema. El propio López Obrador la aplaudió, pero ni este ni aquel se acuerdan ya de ella.
La elección de jueces por voto popular no resuelve ni la corrupción ni ninguno de los problemas de fondo del sistema. ¿O acaso el que nuestros gobernantes y legisladores hayan sido electos por voto popular los ha exentado de la corrupción? De hecho, los aspirantes a cargos judiciales por voto masivo deberán pagar campañas y buscar apoyos económicos. Las presiones para la corrupción se multiplicarán. La ministra Loretta Ortiz Ahlf, tan cercana a López Obrador en otros temas, narró en la Feria del Libro de Guadalajara de noviembre de 2023 cómo un juez electo por voto popular en Texas condenó a un mexicano a la pena de muerte pese a que había pruebas de su inocencia: “Y lo dijo clarito: ‘Es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial’”.
Hay mucho por arreglar en el sistema judicial si queremos cumplir con el mandato constitucional de tener una justicia “pronta, completa e imparcial”. La elección de juzgadores, sin embargo, lejos de ayudar, sería un retroceso.
Elegidos
¿Y cuánto costaría una elección judicial? Habría que elegir a miles de nuevos jueces a un costo similar al de una elección federal. Los elegidos no serían los mejores, sino los que tuvieran mayor capacidad para promoverse y acarrear a simpatizantes. o los que prometieran fallos favorables a sus donadores.
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