¿Cómo vamos?
El pasado primero de septiembre de 2022, el gobierno federal rindió su cuarto informe de gobierno, en el mensaje político expreso frases como: “Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID”; “el principal distintivo del gobierno que encabezo son los programas para el bienestar, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población”; “con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios”, pero en realidad que pasa en estas tres preocupaciones de las y los mexicanos.
En lo económico se resaltó que para 2022, el IMSS tiene registrados 623 mil 330 trabajadores más que antes de la pandemia, sin duda que es un logro; sin embargo, este crecimiento es insuficiente, considerando el número de personas que necesitan incorporarse al mercado laboral formal, el cual es de alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo al mes; aunado que la mayoría de la población económica activa se encuentra en la economía informal (51.7 %), en donde predominan condiciones de precariedad.
En este sentido, el problema de México no es su crecimiento económico valorado en su dimensión formal, sino el empleo informal, el cual se incrementó de manera considerable con la pandemia. Esto significo que para 2022, 31.6 millones de trabajadoras y trabajadores en el país diariamente salen a trabajar o lo hacen desde sus casas sin una protección legal que garantice sus derechos laborales; lo hacen sin contratos, sin acceso a vivienda, sin acceso a instituciones de salud, con jornadas mayores al límite establecido por la ley laboral o con ingresos intermitentes.
Con respecto a la pobreza laboral, es decir, aquellas personas que no les alcanza su salario para cubrir sus necesidades de alimentación; en el segundo trimestre de 2022 se tuvo que el 38.3% de los mexicanos vivían en esta situación; es decir, que existen 49.2 millones de mexicanos que viven en precariedad, 3.1 millones más que en 2020. Esta situación se debe situar con prioridad alta en la agenda pública; en este problema público se involucran actores gubernamentales, pero principalmente a los empresarios, por lo que es una responsabilidad compartida.
El gobierno federal ha expresado que “primero los pobres”, pero con datos de CONEVAL es posible afirmar que las personas más pobres recibían menos apoyos sociales; en 2020 el 10% de la población más pobre recibía uno de los programas sociales del gobierno federal, mientras que en 2018 lo recibían el 18%; en cambio, los hogares más ricos obtuvieron el 7%, cuando antes concentraban solo el 2%. Se requiere reorientar el diseño de este programa gubernamental, pero principalmente los mecanismos de implementación para que llegue a los que más lo necesitan.
En cuanto a seguridad, con datos de INEGI se informó que redujo el número de homicidios en 2.82 %; se pasó de 36 mil 661 homicidios en 2019 a 35 mil 625 asesinatos en 2021. Los datos son ciertos, pero la reducción es aún insuficiente. En cuanto al secuestro, en 2018 se tenía un subregistro de 91.2%, en 2019 pasó a 93.9% y en 2020 se incrementó al 98.6%; esta situación también sucede con delitos como la extorsión, el fraude, robo de vehículos y robos en casa habitación; esta situación refleja que no hay confianza en las instituciones que imparten la justicia.
En resumen, en las acciones gubernamentales para atender los problemas económicos, sociales y de seguridad ciudadana, hay avances, pero también pendientes; se ha recuperado el empleo, pero esta es insuficiente, no solo se requieren más empleo, sino mejores empleos, lo cual necesita combatir a la economía informa; los programas sociales han ampliado de manera significativa su cobertura, pero los principales beneficiarios no son los más pobres; se disminuyó la violencia, pero no la confianza en las instituciones policiacas; la agenda y los restos de gobernabilidad aún son muchos y muy complejos. Próxima colaboración: 21 de septiembre de 2022.
@jszslp
