¿Conflicto electoral en Estados Unidos?
Aquí una lección sobre política y elecciones: cualquier resultado cerrado en una votación se traducirá, inevitablemente, en una presión sobre la autoridad responsable de la organización de una elección.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 figuran como una de las más polarizadas de las que se tenga memoria. En una esquina, Donald Trump busca recuperar el poder con su estilo combativo, mientras que en la otra, Kamala Harris, actual vicepresidenta, se postula como la candidata demócrata para continuar el proyecto de la administración actual. Para México, la relación bilateral con Estados Unidos resulta crucial, no solo en temas como comercio y seguridad, sino en una área aún más sensible: migración. Dependiendo de quién asuma la presidencia, los acuerdos y políticas sobre el T-MEC o el flujo migratorio hacia la frontera podrían dar giros drásticos.
La contienda también es un escenario del creciente escepticismo y desconfianza en las instituciones electorales de EE. UU., una desconfianza que algunos candidatos —y sus fieles seguidores— no solo han sembrado, sino que ahora cultivan con esmero. El caso de Trump es un ejemplo emblemático: desde su derrota en 2020, ha insistido en afirmar, sin pruebas contundentes, que la elección fue “robada”. Para 2024, Trump ha ampliado sus tácticas de deslegitimación, lo que plantea interrogantes no solo sobre el proceso en Estados Unidos, sino sobre la percepción democrática en toda la región.
Donald Trump ha transformado el cuestionamiento electoral en un ejemplo que puede ser imitado y replicado. Desde 2020, ha repetido acusaciones de fraude y, si algo queda claro, es que 2024 no será diferente. Sin pruebas verificables, Trump ha mantenido vivo el mito del fraude a través de un conjunto de demandas y litigios en estados clave. A pesar de que la mayoría de sus casos han sido desestimados en instancias judiciales, esta estrategia logra mantener a sus seguidores cautivos y convencidos de que el sistema está manipulado en su contra. Esta maniobra, además, funciona como un eco en la opinión pública: cuando las instituciones no “juegan” a su favor, es momento de cuestionarlas.
Sumado a sus esfuerzos judiciales, Trump también ha ejercido presión directa sobre funcionarios estatales y locales. En estados donde el conteo y certificación de votos son determinantes (Pennsilvania, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona y Nevada), esta táctica adquiere una importancia crítica. En su artículo sobre el tema (“The Very Real Scenario Where Trump Loses and Takes Power Anyway”), la revista Politico detalla cómo Trump y su equipo ven esta presión como una herramienta efectiva para abrir nuevas vías de impugnación electoral. En el caso de que los resultados le resulten desfavorables, el plan podría incluir presionar a los funcionarios locales para que se nieguen a certificar los resultados o incluso buscar listas alternativas de electores que favorezcan al candidato republicano. Dicho de otra manera: se busca que los responsables de calificar los resultados, se nieguen a hacerlo.
Además, Trump y sus aliados -Elon Musk- (busque el artículo titulado: “Elon Musk’s X is boosting election conspiracy theories with AI-powered trending topics” en NBC News) han perfeccionado el uso de redes sociales y medios afines para difundir una narrativa que siembra la duda en el sistema electoral estadounidense. A través de estos canales, Trump y su equipo han logrado apelar al temor y la desconfianza de un sector del electorado, que ve en sus discursos la confirmación de un sistema “roto y fraudulento” que necesita corrección. Este discurso permite a Trump ganar fuerza entre sus seguidores y, al mismo tiempo, debilitar la confianza pública en las instituciones democráticas. Es una táctica tan eficaz como peligrosa, pues, si la ciudadanía no cree en el sistema, estará más dispuesta a justificar intervenciones extraordinarias que podrían desestabilizar el entorno político.
El caso estadounidense y su creciente inestabilidad contrastan con la experiencia de México, un país que por décadas ha invertido en la construcción de instituciones electorales autónomas para proteger la integridad de sus procesos democráticos. Hablando en plata pura: desde los años noventa, las reformas han dado forma a un sistema que cuenta con el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos organismos fueron diseñados para operar con un alto grado de transparencia y estándares bien definidos, lo que ha permitido construir un marco de confianza ciudadana que no deja mucho espacio para discursos de fraude sin fundamentos.
El éxito de estas instituciones no es solo estructural, sino también político: en su momento, las fuerzas políticas acordaron un marco normativo claro que permitió al sistema mexicano protegerse de la presión de actores políticos que buscan manipular el proceso a su favor. Déjeme ser claro en esta afirmación: siempre van a existir apetitos políticos para capturar y controlar a las autoridades responsables de los procesos de arbitraje político, jurídico y electoral.
La experiencia mexicana tiene un mensaje claro: las democracias modernas necesitan instituciones sólidas que resistan las presiones políticas y protejan la voluntad popular. En un contexto de creciente polarización y en el que las narrativas de fraude y manipulación pueden ser tan poderosas como las pruebas, una ciudadanía informada y unas instituciones transparentes son la mejor defensa de la democracia.
La estrategia de Trump de debilitar la legitimidad del proceso electoral en Estados Unidos plantea riesgos no solo para la política estadounidense, sino para la percepción democrática en todo el continente. México, con sus avances en la consolidación de instituciones autónomas y un marco legal robusto, ofrece una lección de resiliencia: solo con instituciones fuertes y una ciudadanía informada es posible defender la democracia de intentos de manipulación y proteger la integridad del proceso electoral.
X (libre de manipulaciones políticas): @marcoivanvargas