Constitución y transformación
El discurso presidencial, con motivo del reciente aniversario de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, ha sido contundente con respecto a la etapa que vive México desde el año 2018, denominada como Cuarta Transformación y que, a diferencia de las tres anteriores transformaciones institucionales de nuestra historia nacional, no ha desembocado en una nueva Constitución, sino en una serie de reformas de gran calado a la Carta Magna que han posicionado al pueblo mexicano como el efectivo depositario de la soberanía nacional. El precedente de las tres transformaciones históricas anteriores, caracterizadas por la secuencia Plan-Revolución-Constitución, ciertamente indicó un camino que se hizo persistente andar, sobre todo para catalizar el fin de un agónico antiguo régimen que, empero, no dejaba de propinar coletazos para retrasar el cambio reclamado por cada vez más y más mexicanos. La revolución fue pacífica y de conciencias para lograr no sólo la alternancia en la Presidencia de la República, sino una alternativa distinta al depredador régimen neoliberal. Si bien una Nueva Constitución se delineaba en el horizonte, acepta el presidente AMLO, se optó por avanzar en reformas como la de elevar a rango constitucional el derecho a una pensión para todos los adultos mayores, por ejemplo, porque la vida, sobre todo en condiciones de subsistencia digna, no retoña.
En su clásico texto “La estructura de las revoluciones científicas” (Ed. FCE, México, 1971), Thomas S. Kuhn refiere que hay un paralelismo entre las revoluciones políticas y las revoluciones científicas, en el sentido de que se trata de procesos que “inician con un sentimiento (en principio restringido a una fracción de la comunidad política o científica, según se trate) de que las instituciones existentes han dejado de satisfacer, adecuadamente, los problemas planteados por el medio ambiente que, en parte, han contribuido a crear” (Ibid., p.149), de tal manera que deviene la sustitución de un modelo, o “paradigma”, por otro; esto es, para el caso político, de una serie de principios y postulados que orientan la acción institucional de manera distinta a la precedente. Y, además, sigue planteando Kuhn, “las revoluciones políticas tienden a cambiar las instituciones políticas en modos que esas mismas instituciones prohíben” (Ibid., p. 150). Esto último tiene su manifestación clara en lo que planteó el presidente AMLO en su discurso, con respecto al tema de la corrupción, la cual se llegó al colmo de “institucionalizar” para prohijar absoluta impunidad; por el contrario, ahora se contempla su combate frontal desde la misma Carta Magna, cuando se prohíben privilegios a grupos específicos de la población. Un, digamos, nuevo paradigma político sustituye al viejo paradigma corruptor.
Y, siguiendo con los paralelismos sugeridos por el ya citado Khun, para decidir la validez (y efectividad para resolver, institucionalmente, problemas generales de la sociedad) de paradigmas en competencia, nada mejor que resolver sobre su legitimidad mediante la prueba de su mayor o menor aceptación por círculos amplios de la comunidad (política o científica, según se trate) mediante un consenso democrático de sus miembros, de manera libre, simétrica e informada; para el caso político, por ejemplo, está el impulso de ejercicios de la democracia directa, como la revocación de mandato, para tratar de que la democracia sea un ejercicio más cotidiano, lo que implica una transformación respecto al paradigma tradicional de acudir a las urnas en un tiempo más prolongado.
