Esta semana, el presidente López Obrador realizó tres visitas oficiales a los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima. Durante las conferencias de prensa matutinas, se presentaron los “avances” en las entidades en materia de seguridad, así como el trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno. Pero, en realidad, ¿a qué fue el presidente?
¿Visitó a los familiares de los 28 jóvenes masacrados en el centro de rehabilitación en Guanajuato?, ¿Platicó con las familias de los siete policías asesinados de Colima?, ¿Atendió las peticiones de los colectivos de familiares de los miles de desaparecidos en Jalisco? O, en su caso, ¿se reunió con los gabinetes de seguridad locales para proponer estrategias en la materia? La respuesta es no. Por supuesto se entiende que no haya reuniones masivas, pero siempre hay manera de realizar encuentros con víctimas quienes lamentablemente son las olvidadas de siempre.
Debe celebrarse el espíritu de conciliación entre los gobernadores y el mandatario mexicano. No es polarizando ni dividiendo como se pueden encontrar soluciones ante la inseguridad y violencia. Como lo dijo el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, las diferencias no significan ni pueden significar confrontación.
Sin embargo, que hayan hecho las paces los mandatarios estatales con el federal, debe ir más allá de los discursos políticos. Es importante que haya una coordinación, que dejen de estar echándose la culpa, manipulando las cifras de delitos o recortando el presupuesto destinado a la seguridad.
En los tres estados, mediante estudios que ha realizado Causa en Común, hemos constatado las graves carencias que padecen sus policías estatales. Pero estas situaciones, lo sabemos todos, no son exclusivas de Guanajuato, Jalisco o Colima. Es evidente que no existe una definición clara en contra de la delincuencia organizada por parte de los gobiernos federal y estatales, ni tampoco, increíblemente, un plan nacional para rescatar a nuestras policías.
Buena parte de la energía institucional del país se va en profundizar una militarización —el viernes por ejemplo— se anunció que la Marina y el Ejército se harían cargo ahora también de las aduanas y puertos. Es urgente un trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno porque basta ver a Guanajuato, la entidad con mayor número de homicidios dolosos durante 2019, con 3,558. En los primeros cinco meses de 2020, se iniciaron 1,911 carpetas de investigación por el mismo delito, lo que refleja un aumento de 28%, respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va de 2020, se han contabilizado, al menos, 61 policías asesinados, lo que representa una quinta parte de los policías asesinados en el país. Es claro que no ha habido una respuesta federal ni estatal a la altura de la emergencia, y la sociedad de Guanajuato sigue esperando.
Por su parte, Jalisco ocupa el primer lugar en número de fosas clandestinas. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, se han contabilizado 487 cuerpos exhumados en fosas clandestinas en la entidad, de acuerdo con el informe oficial de Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas, presentado por la Secretaría de Gobernación, el pasado 13 de julio. En cambio, una buena noticia es que, en sentido contrario a muchas entidades, los homicidios se han reducido en lo que va de este año, comparándolo con el primer semestre de 2019.
En Colima, la situación de inseguridad se ha venido deteriorando, desde hace al menos cinco años. En términos generales, la intensificación de la violencia en el estado forma parte de la constante reconfiguración del mapa delictivo de México. Colima presenta la mayor tasa de homicidios en el país, un penoso lugar que ocupa desde al año 2017.