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Defender a los jueces

Por Sergio Sarmiento

Agosto 27, 2024 03:00 a.m.

A

Todo está programado minuto a minuto 

para poder sacar adelante la reforma al poder judicial y otras reformas que queremos que 

se lleve el presidente como un gran regalo, 

como una gran despedida”. 

Mario Delgado

Ante las afirmaciones reiteradas del presidente López Obrador de que los jueces son corruptos, que “no les importa el pueblo”, que “defienden intereses de grupos”, que “siguen siendo los de tiempo atrás, caracterizados por la corrupción, con honrosas excepciones”, uno de los abogados más respetados del país, Jesús Zamora Pierce, ha asumido su defensa. 

El jurista de 87 años, graduado como abogado en la UNAM en 1961, con doctorado de La Sorbona de París, Zamora Pierce practicó la profesión durante más de 60 años. Fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha publicado decenas de libros, algunos de los cuales se han usado como libros de texto en las universidades de nuestro país. Recibió el premio Nacional de Jurisprudencia. 

En un video ha señalado que en su larga experiencia ha aprendido que “los jueces en México, en general, son personas competentes, que conocen el derecho, y son honrados”. Entre los miles de jueces, magistrados y ministros “seguramente habrá alguno corrupto” y otros “ignorantes de su labor”. Pero “serán la excepción que prueba la regla”. Es menor el porcentaje de los corruptos, dice, que los que “se presentan en otros poderes de la unión». 

Los jueces tienen otro elemento que los caracteriza: “el valor”. Deben decidir sobre temas con posiciones encontradas de las partes. Se ven obligados a dictar sentencias contra los intereses del “señor gobernador o del presidente de la república”. Muchas veces también dictan sentencias contra el crimen organizado o contra la opinión pública cuando esta ya ha tomado una decisión: van contra el veredicto “de la muchedumbre”. 

Zamora Pierce ya está retirado y ha cerrado su despacho: “No tengo ninguna necesidad de congraciarme con los miembros del poder judicial”, afirma, pero añade que “si nuestros legisladores aprueban la reforma judicial en los términos en que está redactada estarán hundiendo el barco en el cual también son pasajeros”. 

Ninguna de las acusaciones de AMLO sobre los presuntos actos de corrupción de los jueces ha sido respaldada por pruebas. López Obrador simplemente se inconforma con decisiones con las que no está de acuerdo y las señala como pruebas de esa supuesta falta de probidad. Quizá Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, antiguo priista, hoy morenista, como tantos, tenga una mejor explicación de la razón por la cual AMLO está buscando cambiar todo el poder judicial. Ayer me dijo en radio: “Lo que hay que revisar es los criterios de los jueces, que favorecen a intereses privados”. Esto, por lo menos, tiene más sentido: la Cuarta Transformación quiere que los fallos de los jueces favorezcan al gobierno y no a los ciudadanos. También está la explicación de Mario Delgado: la reforma judicial es un regalo para el presidente López Obrador, “como un gran homenaje que le tenemos que brindar a un gigante de la historia de nuestro país, como seguramente no vamos a conocer en muchas generaciones”. 

Eliminar el actual poder judicial no acabará con la corrupción que pudiera haber en el sistema, aunque quizá sí logre que los nuevos jueces fallen de manera más consistente por las posiciones del gobierno y nos dejen a los ciudadanos desprotegidos. Supongo que ese es el propósito. Pero no descartemos la explicación de Delgado, que la reforma es un regalo para un presidente que se molestaba porque los jueces le salían “con el cuento de que la ley es la ley”. 

¿Muerta?

“Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal, como piensan; los medios le exageran un poco o mucho”, dijo ayer Víctor Rodríguez Padilla, próximo director de la empresa. Es positivo que hayan elegido a un especialista y no a un agrónomo, pero al 30 de junio de 2024 Pemex tenía un patrimonio negativo de un billón 588 mil millones de pesos. 

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