Del poder para el poder
Con la excusa de que "el pueblo pone y el pueblo quita", la revocación de mandato se confirma como una herramienta del poder para el poder en la que la ciudadanía es la última que cuenta. El domingo pasado, Oaxaca se estrenó como la primera entidad del país en organizar una jornada en la que el cargo del gobernador Salomón Jara, de Morena, se pondría a prueba por una supuesta "pérdida de confianza". El ejercicio, que tuvo un costo no menor de 114 millones de pesos, despertó el mismo entusiasmo que doblar calcetines. Con una participación de apenas el 29.9 por ciento, una mayoría del 58.8 por ciento votó por que el gobernador Jara siguiera con su periodo mientras que el 38.1 por ciento votó por su revocación. Un vistazo a los resultados en cada uno de los 25 distritos oaxaqueños, muestra que en seis de ellos incluidos Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, el Istmo de Tehuantepec e Ixtlán de Juárez en donde se encuentra el emblemático municipio de Guelatao, el rechazo a la permanencia del gobernador osciló entre el 52 y el 70 por ciento. Entre los temas pendientes en Oaxaca, una de las entidades más lopezobradoristas del país, están la creciente inseguridad, la falta de acceso a servicios de salud, la alta informalidad laboral, el despilfarro de recursos en eventos artísticos y el nepotismo de un gobierno que ha incluido en la nómina a un amplio grupo de familiares.
Pero lejos de una autocrítica o de una reflexión sobre la revisión ciudadana al poder, el proceso ha servido para que Benjamín Robles, representante del PT en Oaxaca se alce como vocero de la revocación. El exsenador y antiguo aliado de Morena cosecha una vieja rencilla con el poder al competir sin apoyo y sin éxito por una Senaduría en 2024. La revocación le ha servido para emprender una campaña en la que acusa de fraude electoral, descalifica al árbitro por una supuesta caída del sistema —desmentida en el informe de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca— y tilda a Jara de ser "el usurpador de Oaxaca".
Desde la aprobación de la reforma constitucional en 2019, al menos 16 entidades del país han incluido la revocación tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. El ejercicio tiene sus blindajes y está muy lejos de ser una carta en blanco. En primer lugar, la revocación no es obligatoria; en segundo lugar, se puede solicitar por una sola ocasión habiendo transcurrido la mitad del ejercicio del encargo y, en tercer lugar, se requiere más del 40 por ciento de participación ciudadana para que sea vinculante. Al igual que en la revocación a la que se sometió el presidente López Obrador en 2022, en Oaxaca el resultado no fue vinculante, pero sí políticamente útil.
Salomón Jara llegó al poder en 2022 con el 60.5 por ciento de la votación. Aunque la coalición que lo postuló estaba integrada por Morena-PT-PVEM y el partido indígena Unidad Popular, la elección tuvo el desaire ciudadano con una participación de apenas el 38 por ciento, es decir, la tasa de abstención más alta en los últimos 24 años. El planteamiento sobre pérdida de confianza de la revocación se enfrenta a una sociedad de por sí desencantada por las propuestas político partidistas existentes y por el desempeño de sus representantes.
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Más que un ejercicio de democracia directa y empoderamiento ciudadano, como se le llegó a llamar, la revocación resulta ser un instrumento caro, instrumentado por partidos políticos a través de organizaciones afines, que sirve para medir fuerzas, revisar alianzas, movilizar recursos y apretar tuercas. Todo esto para garantizar la permanencia de un grupo político en el poder muy a pesar de lo que diga la ciudadanía.
(Investigadora de México Evalúa)
