Derecho a patalear

A falta de argumentos y autocrítica, partidos y actores políticos de oposición al gobierno de la cuarta transformación desgranan malabares verbales para justificar la derrota en las urnas, sin percatarse que la suerte estaba echada, en buena medida, por el actuar poco ético de personajes como (m)Alito Moreno y Marko Cortés, así como por la intromisión de mecenazgos como el de Claudio X. González y otros empresarios que añoran tiempos de privilegios desmedidos. No entendieron que si se atienden las causas que generan las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población, esa mayoría no tiene porqué ser silenciosa sino de manifiesta participación en favor de un proyecto progresista y democratizador de todas las instituciones públicas. Así lo fueron prefigurando la mayoría de las encuestas serias, pero esa oposición llegó al extremo de no reconocer sondeos de medios que consideraban aliados (como el diario “Reforma”) y que, también, anticipaban el triunfo amplio de Claudia Sheinbaum. En suma, con apabullante derrota, pareciera no quedar más remedio a esa oposición que tratar de ejercer el “derecho a patalear”.

Tampoco entendieron que, en 2018, la llegada de la cuarta transformación tuvo que ver con la expresión abrumadora de una mayoría agraviada por el abuso de poder, de tantos años, de personeros de un sistema político diseñado para cumplir lo que Boaventura de Souza Santos describió como característica del Estado neoliberal en América Latina, donde había gran resistencia por “reflexionar porqué (ese tipo de Estado) está más equipado en reprimir las ilegalidades de las clases históricamente oprimidas que para reprimir las ilegalidades de las clases históricamente opresoras” (en “Refundación del Estado en América Latina”, Ed. Siglo XXI, México, 2010, p. 161). En efecto, no sólo estaba más equipado ese tipo de Estado, sino ocupado para contener la inconformidad social creciente pues, en el fondo, lo consideraba como parte de su “naturaleza”, como en su tiempo cuestionara otro clásico: “si una cierta clase dominante hubiera podido producir el Estado de arriba abajo y a su conveniencia, habría escogido ese Estado que tanto provecho le ha procurado” (Nicos Poulantzas dixit).

Pero la reflexión a partir de la teoría y de la práctica, como anteriormente se ha esbozado de manera muy general, permite entender que desde hace mucho tiempo se ha cuestionado el “uso instrumental del (poder) del Estado” como limitado para comprender la complejidad de los cambios sociales experimentados; en el caso nuestro, la continuidad de la 4T implica una reorientación del Estado en términos de beneficio social amplio, pero no por simple voluntad de una minoría gobernante, sino por la dinámica de una correlación de fuerzas en la que se conjuga autonomía relativa estatal con exigencia de compromiso ético social para reivindicar a los sectores más necesitados y olvidados históricamente. Así las cosas, el actual Estado mexicano (y no otro del viejo sistema) podría ser capaz de ir contra las ilegalidades de personeros de sectores históricamente opresores, como por ejemplo Salinas Pliego y su descomunal deuda por no pago de impuestos. Con ese botón, de una amplia muestra, queda claro que el proyecto de la cuarta transformación, ahora encaminado a su consolidación, es algo más de fondo que una mayoría social sí alcanzó a percibir y decidió votar en las urnas.