DERECHO A REPARAR Nuevas reflexiones.

Hace tiempo escribí acerca del “Derecho a Reparar y Sostenibilidad Ambiental” como una resolución creada por parte del Parlamento Europeo la cual se basa en la prohibición de la “obsolescencia programada” (que es la programación de la vida útil de un producto, tales como teléfonos celulares, electrodomésticos, etc… ), el fomentar la economía circular (modelo económico el cual busca la producción y consumo basándose en compartir, renovar, reutilizar, y reparar, y extendiendo el ciclo de vida de los productos, haciéndolo uno de los modelos menos utilizados pero mejores para el medio ambiente y nosotros mismos), la reutilización, etc.

Ahora quiero realizar otras reflexiones en el contexto específico de México, porque adquiere una relevancia crucial en una sociedad marcada por la creciente tecnología y la rápida obsolescencia programada. Esta cuestión no solo tiene impactos ambientales, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales para el país. En una nación donde por necesidad la cultura de la reutilización y el arreglo ha sido tradicionalmente fuerte, el movimiento en favor del derecho a reparar gana terreno, defendiendo la idea de que los consumidores tienen el derecho y la libertad de alargar la vida útil de sus productos.

En México, como en muchas otras partes del mundo, el mercado de la electrónica y los productos tecnológicos ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Sin embargo, esto ha venido acompañado de un aumento en la cantidad de residuos electrónicos generados, ya que la vida útil de los productos se ha reducido artificialmente. Muchos fabricantes utilizan prácticas de diseño que dificultan la reparación, como soldaduras irreversibles y baterías no reemplazables, lo que obliga a los consumidores a reemplazar productos enteros en lugar de repararlos.

En este contexto, el derecho a reparar busca restablecer el equilibrio en la relación entre los fabricantes y los consumidores. Impulsa la idea de que los productos deben ser diseñados de manera que sean desmontables, con acceso a manuales y piezas de repuesto. Esto no solo prolongaría la vida útil de los productos, sino que también reduciría la cantidad de residuos electrónicos y contribuiría a la conservación del medio ambiente.

El movimiento en favor del derecho a reparar en México ha cobrado fuerza en los últimos años, con organizaciones de defensa del consumidor y grupos ambientalistas liderando la lucha. Se han proyectado propuestas de ley para presentarse en breve en congresos locales y en el federal para garantizar que los consumidores tengan el derecho legal de reparar sus productos. Estas propuestas buscan obligar a los fabricantes a proporcionar información técnica y piezas de repuesto a los técnicos de reparación independientes y a los consumidores.

Además de los beneficios ambientales, el derecho a reparar también tendría implicaciones económicas y sociales positivas para México. Al fomentar la reparación, se podría crear un mercado de servicios de reparación y piezas de repuesto, lo que generaría empleos y estimularía la economía local. Pequeñas empresas y talleres de reparación independientes podrían prosperar, contribuyendo al crecimiento económico y a la distribución de la riqueza.

Sin embargo, el camino hacia la implementación completa del derecho a reparar en México no está exento de desafíos. Las empresas a menudo argumentan que la reparación no autorizada podría comprometer la seguridad y el rendimiento de los productos, lo que lleva a debates sobre cómo equilibrar la seguridad del consumidor con la posibilidad de reparar. Además, la legislación en torno a este derecho puede ser un terreno complicado y controvertido, ya que implica tensiones entre los intereses de los fabricantes y los derechos de los consumidores.

En resumen, el derecho a reparar en México es un concepto que aboga por un cambio significativo en la relación entre los consumidores y los fabricantes. Busca empoderar a los consumidores al darles la libertad de reparar y mantener sus productos, reduciendo así la generación de residuos electrónicos y fomentando la economía circular. Si se logra implementar de manera efectiva, el derecho a reparar podría tener un impacto positivo en el medio ambiente, la economía y la sociedad en México.

Delírium trémens.- El 15 de agosto la SEMARNAT decretó la creación de 13 ANP. Otro engaño de la 4T, se declaran más áreas naturales protegidas pero el presupuesto para el cuidado de las 200 existentes es una burla, ya que les corresponden aproximadamente para cada una de ellas alrededor de $10.00 por hectárea; realmente preocupante, pues suman superficies, pero no hay dinero para administrarlas o cuidarlas.

@luisglozano