Desaparición del INAI y su legado democrático
Con dedicación y admiración al “Grupo Oaxaca 2000”
Escribo a propósito de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Esta destrucción institucional, que es considerada por quienes realmente conocen del tema de la transparencia y la protección de datos, como un revanchismo político y una clara intentona de ocultar en qué se han estado gastando los recursos públicos en los últimos años.
Se sabe que no fue real esa necesidad de reducirle costos al erario aludiendo a la “urgente simplificación administrativa” al tiempo en que se fue insistiendo en reafirmar, desde la narrativa oficialista, la gran falsedad respecto de la poca utilidad que genera este organismo constitucionalmente autónomo cuyo origen desde hace veinte años han sido las luchas y conquistas de organizaciones ciudadanas, académicos y periodistas en un afán democrático por pedirle cuentas claras a las autoridades.
Dicha narrativa, heredada por la actual administración federal, se fue construyendo e intensificando desde la Presidencia de la República durante el sexenio anterior y fue sembrándose en el imaginario colectivo a través de la desinformación, el desconocimiento, la falta de argumentos técnicos, ignorando los beneficios sociales de este organismo y dejando de lado en todo momento la posible violación a una serie de derechos humanos plasmados en la constitución, que dejan en estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos, a los que tanto mencionan que se deben.
En cuanto al tema presupuestal y de costos, se sabe que, desde hace unos años, desde la más alta esfera se dio “la instrucción de apagar la luz de la transparencia”. Es falso que los órganos autónomos fuesen un despilfarro, pues su presupuesto representa apenas el 0.05% del gasto federal, es decir, de cada 100 pesos que gasta el gobierno, solo cinco centavos iban a estas instituciones. Mientras que, por otro lado, hay verdaderos agujeros negros en el presupuesto, por ejemplo, Pemex, institución por la que se pierden miles de millones de pesos anuales, realidad que contrasta el tamaño de la falacia detrás del argumento del expresidente.
En cuanto al tema social, con la extinción del INAI está en riesgo la verdadera garantía (autónoma) de varios derechos humanos en nuestro país: el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos personales, la privacidad y la rendición de cuentas. Específicamente hay consecuencias inmediatas y tangibles en el corto plazo que implican un grave retroceso de muchas décadas en materia de derechos a la información y a la protección de datos personales.
Para entender la trascendencia del INAI, siempre será necesario recordar su origen
La transición democrática del año 2000 evidenció la urgencia de contar con mecanismos de transparencia gubernamental. Con empuje del “Grupo Oaxaca”, se creó Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y en 2002 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con la misión de garantizar el derecho de acceso a la información de la sociedad. En 2014, tras una reforma constitucional de gran calado, el IFAI se transformó en el INAI, obteniendo nuevas atribuciones y alcances, consolidando el acceso a la información como derecho constitucional, ampliando sustancialmente el universo de sujetos obligados de las leyes de transparencia y obteniendo facultades para la protección de datos personales.
La labor del INAI trascendió la administración de solicitudes de información y se convirtió en un actor estratégico para la normalización de la democracia en el país.
Sin embargo, en febrero de 2024, el Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar diversos organismos autónomos, incluido el INAI, bajo el argumento de la simplificación administrativa y la reasignación de recursos “a asuntos más relevantes”. El proceso legislativo avanzó y el 20 de diciembre de ese año se concretó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma establece que las funciones del INAI serán absorbidas principalmente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por otra entidad de nueva creación denominada Transparencia para el Pueblo.
En palabras del (todavía) Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá, este cambio en el modelo de garantía no fue inesperado, ya que en los años previos, el INAI ya había sido debilitado por la falta de nombramientos de Comisionados para completar su Pleno, esto por inacción del Senado, lo que en su momento llevó a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta destacable que, en esos meses, a pesar del contexto adverso, la sociedad continuó ejerciendo sus derechos a saber y a la privacidad a través del INAI.
La extinción del INAI plantea múltiples desafíos. Uno de los más evidentes es la falta de imparcialidad del nuevo ente público. Al transferirlas a una institución dependiente del Ejecutivo, se pierde la autonomía que garantizaba independencia y objetividad. Con la desaparición del INAI, menciona Alcalá, el país debe definir si avanza hacia un modelo de mayor apertura institucional o si retrocede a una etapa de opacidad sistemática. La vigencia de los derechos que este Instituto aún hoy tutela dependerá de la capacidad de la sociedad para exigir garantías en estas materias.
El INAI se extingue, pero su legado de apertura y democracia para una verdadera rendición de cuentas es innegable, sin olvidar las hazañas alcanzadas por todas y todos los mexicanos que contribuyeron a nutrir esta institución y garantizar tan importantes derechos humanos.
No olvidemos: la transparencia no es un privilegio ni una concesión política a merced de un grupo en el poder, hasta hoy ha sido una conquista ciudadana y una condición esencial para la democracia. ¿Qué vendrá? Juzgue Usted.
Ana Cristina García Nales
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com
