El 2024
El año 2024 se vislumbra como un momento crucial en la vida política de nuestro país. En anteriores ocasiones, he destacado la notable preferencia de la población mexicana por los procesos electorales en comparación con el interés en el desempeño gubernamental. Para respaldar esta afirmación, invito a reflexionar sobre dos aspectos cotidianos respaldados por encuestas de cultura política en nuestro país.
En México, la participación política encuentra su expresión principal en el ejercicio del voto, reflejando un marcado interés en los procesos electorales. Esto puede deberse, en parte, a la falta de diversificación y consolidación de otras formas de participación política o de conexión individual con los asuntos públicos en nuestra aún joven democracia. Además, la simplicidad del acto de votar, en comparación con otras modalidades de participación que requieren mayores conocimientos, puede explicar la alta preferencia por este mecanismo.
En otro contexto, he señalado cómo la narrativa del fraude electoral prospera en terrenos fértiles de ignorancia y desinformación, alimentada por aquellos que ven los procesos electorales como meras contiendas por el poder, desestimando la opinión ciudadana en favor de cifras de movilización. Actualmente, el riesgo de “elecciones de estado” o fraudes sistemáticos en nuestro país es mínimo, pero la principal preocupación radica en la legitimidad de la organización y aceptación de los resultados electorales, ya que un alto nivel de desconfianza podría desencadenar conflictos postelectorales.
Es relevante distinguir entre el aumento de recursos de impugnación presentados ante tribunales electorales y la verdadera conflictividad electoral. La presentación de impugnaciones a través de medios institucionalizados no necesariamente implica conflictos significativos, mientras que la conflictividad se manifiesta en acciones no convencionales, como ocupar la plaza pública o recurrir a mecanismos fuera del marco legal.
A pesar de los avances, persisten amenazas para la democracia y la celebración de elecciones íntegras en el 2024. El intervencionismo del poder público en la organización electoral, el riesgo de la creciente participación del crimen organizado y la suficiencia presupuestal son preocupaciones clave.
La intervención del poder público, manifestada a través del ejercicio de recursos y presión política a favor o en contra de candidaturas, puede comprometer la equidad de la contienda. Es esencial contar con instituciones fuertes que garanticen dicha equidad cuando la autocontención del poder público es insuficiente.
La violencia y la creciente participación del crimen organizado representan una amenaza tangible, afectando la legitimidad del proceso. La prevención de este riesgo requiere un abordaje sistémico y ordenado por parte de las autoridades.
Finalmente, la suficiencia presupuestal es crucial para garantizar elecciones que cumplan con los estándares establecidos. La debilidad institucional, tanto administrativa como jurisdiccional, puede ser explotada por aquellos que buscan ganar a cualquier costo, representando un riesgo adicional para la legitimidad del proceso electoral.
El 2024 se perfila como un año políticamente complejo en México. Se espera que los actores involucrados en el proceso actúen con la estatura política necesaria para salvaguardar la legitimidad de nuestras elecciones, reconociendo que está en juego no solo un puesto público, sino la gobernabilidad misma de nuestro país, donde las elecciones se han convertido en el mecanismo privilegiado para el cambio político.
X. Antes twitter, @marcoivanvargas
