El Estado como poder de disponer la economía

No se trata de chocar con el gobierno español por polvos de viejos lodos, sino de señalar los abusos de empresas de ese país que siguen considerando nuestro territorio como campo de conquista. Así ha planteado el actual gobierno mexicano la complejidad de la relación entre ambos países, pero los datos duros confirman que hay sobrada razón para tal posicionamiento. Para muestra, basta con el botón de las empresas españolas generadoras de energía eólica instaladas en el sur de nuestro país, señaladas de diversas irregularidades y abusos hasta por informes elaborados en el propio país ibérico. Tal es el caso del que lleva por título “Internacionalización empresarial… ¿a cualquier precio?”, reseñado por el diario “La Jornada” (20 de febrero de 2022) y en el que, entre otras conclusiones, podemos destacar la siguiente: “las comunidades donde se asientan las empresas eléctricas españolas -que llegan acompañadas de otras firmas, de aquél país, de los sectores financieros y de construcción- para generar energía eólica, sólo reciben 1 de cada 100 pesos de las ganancias que genera esa actividad” (Ibid,).

Aunque España es la segunda nación con la mayor participación extranjera directa (IED) en México, sigue diciendo el informe, “el capital que ha llegado se ha traducido en consecuencias catastróficas para los territorios donde se ubican (…) con la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, empresas como Iberdrola, Gamesa, Ingeteam, entre otras, ampliaron su presencia, acompañadas de firmas financieras, como BBVA, y de ingeniería y construcción como Ingenor, Tecnalia y Elecnor, destacando el Istmo de Tehuantepec, donde 23 de 29 parques son operados por firmas españolas, en mayor medida, y algunas francesas” (Ibid). En cuanto al arrendamiento de tierras, se consigna que Iberdrola paga, en el parque “La Ventosa”, 10 dólares mensuales a los pobladores y, por si fuera poco, con frecuente retraso. Además, se considera que el negocio es aún más rentable ya que 21 parques eólicos generan energía para firmas como Coca Cola, Walmart, Bimbo y Cemex, bajo el esquema de autoabastecimiento -que ha sido cuestionado severamente en el contexto de la reforma eléctrica que se promueve por el actual gobierno mexicano-, toda vez que no paga transmisión, La cereza del pastel es la constante exención de pago de impuestos municipales.

Todo lo anterior, sin considerar la privatización de bienes comunes y el daño ambiental provocado por el uso de cierto tipo de tecnología, como la antigranizo que provoca menos lluvias y, por tanto, mayor desertificación e impacto negativo en actividades agropecuarias. En suma, una doble explotación, tanto del hombre como fuerza de trabajo, como de la naturaleza como depredación de su riqueza biológica. Con este tipo de abusos queda claro el sentido de una reforma en el sector, como la que impulsa el actual gobierno, donde se trata de recuperar, para el pueblo mexicano, como dijera don Pablo González Casanova, “el poder de disponer de la economía”, a través de un nuevo tipo de Estado que no es, por supuesto, el denominado como “populista” que tanta alharaca despierta entre conservadores y reaccionarios, sino uno más cercano al espíritu constitucional, emanado de un movimiento revolucionario, que reivindica la propiedad social y común de las y los mexicanos. Nada más, pero nada menos.