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El que sus promotores buscan que sea el mayor negocio inmobiliario en la historia de esta ciudad tiene que sortear una aduana importante el próximo domingo 23. Independientemente de sus posibilidades de avance que radican en la aprobación por cuando menos las dos terceras partes del total de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, el proyecto huele mal; hay razones para sospechar de su estricta legalidad.
El proyecto consiste centralmente en que la comunidad “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” aporten 2 mil 68 hectáreas de sus tierras de uso común a una sociedad mercantil inmobiliaria de nombre “Reserva San Luis S.A de C.V”, en la que participan varios de los empresarios más importantes de la entidad,
Estamos hablando de 2 mil 68 hectáreas equivalentes a 20 millones 680 mil metros cuadrados, de los que una vez descontadas las áreas de donación al Municipio, las calles, banquetas y espacios de equipamiento urbano, quedarán disponibles para la venta entre 10 y 12 millones. Se trata de terrenos localizados en las zonas poniente y surponiente de la mancha urbana, buena parte de ellos colindantes con los desarrollos habitacionales más caros de la ciudad –Las Lomas y los Pedregales-, lo que de entrada les confiere un alto valor.
Según estimaciones de conocedores, se trata de un negocio a muchos años, pero para dar una idea de su importancia, si se hiciera en el corto plazo (urbanizar y vender lotes) estaría dejando una utilidad conservadoramente estimada entre 25 y 40 mil millones de pesos. ¿Cuál sería el beneficio para los comuneros? Por ahora, solamente lo saben los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y los empresarios involucrados. Será el domingo en la llamada Asamblea de Formalidades Especiales cuando se pongan las cartas sobre la mesa para todo mundo.
Decíamos al inicio que este asunto huele mal. Nos referimos al hecho de que antes de participar en sociedades mercantiles con empresarios, de asociarse con otros núcleos ejidales o con el gobierno, las comunidades deben recabar la opinión de la Procuraduría Agraria (PA), que se supone es la dependencia oficial encargada de velar por sus derechos.
En términos de la Ley Agraria, la PA dispone de 30 días hábiles (unos 42 días naturales) para emitir su opinión, contados a partir del momento en que los interesados le hayan hecho llegar toda la documentación del caso. No es infrecuente que el plazo se alargue por solicitudes de mayor información o de algún documento faltante.
En este caso fue diferente. La solicitud de opinión formulada por el Comisariado de Bienes Comunales se envió a la PA el 8 de noviembre. Nueve días hábiles más tarde, el 23 de ese mes, el propio Comisariado expide la convocatoria para celebrar las Asambleas de Formalidades Especiales el domingo 23 de diciembre. En el punto 7) de ese documento se lee: “Lectura de la opinión emitida por el C. Procurador Agrario sobre el proyecto de desarrollo y de la escritura social respectivos para la aportación de tierras de uso común para la constitución de una sociedad mercantil inmobiliaria entre la comunidad denominada “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” y la sociedad “Reserva San Luis S.A. de C.V”.
El sentido de la opinión emitida por el Procurador Agrario en ese momento, Cruz López Ramírez (antiguo dirigente de la CNC y protector largos años de Oscar Bautista), no se ha hecho pública, pero es obvio que debe ser favorable o de lo contrario no se hubiera convocado la asamblea ex profeso. Así tenemos que si la opinión se solicitó el día 8 de noviembre debió llegar cuando más tarde el 22 para estar en condiciones de expedir la convocatoria al día siguiente. Es decir, Cruz López tardó solamente 9 días hábiles en cumplir un trámite que habitualmente consume más del triple. ¡Y todo faltando una semana para concluir el sexenio y su permanencia en el cargo! Eso, aquí y en China huele mal.
A mayor abundamiento, en el sentido de que la opinión debe venir favorable, es que el punto 8) de la multicitada convocatoria establece: “Toma de acuerdo relativo a la aportación de la comunidad denominada “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” de 2,068-83-78.57 hectáreas de tierras de uso común para la constitución de la sociedad mercantil inmobiliaria denominada “Reserva San Luis, S.A. de C.V.”
¿Quiénes son los empresarios con quienes llegado el caso se asociarán los comuneros de San Juan de Guadalupe en este muy ambicioso proyecto? Hasta donde nos fue posible indagar se trata de Carlos Gerardo López Medina, Manuel Muñiz Werge, Grupo Constructor 3m, S.A. de C.V. (hermanos Mabhub), Manuel del Valle López, Vicente Rangel Mancilla, Marcelo de los Santos Anaya, Miguel Torres Corzo y un promotor inmobiliario regiomontano de nombre Alejandro Tamayo Ibarra.
Todos ellos tienen algo en común: son máquinas de hacer dinero y nunca se les han conocido inclinaciones altruistas o filantrópicas.
No está de más comentar que por lo menos parte de la superficie comprometida en el proyecto está en litigio y pesan sobre ella unas medidas precautorias dictadas hace 7 u 8 años por el Tribunal Agrario para que no se modifique su estatus legal o patrimonial hasta en tanto se resuelve el fondo de la litis. El juicio no ha concluido y por tanto no se han levantado las medidas precautorias.
Según lo dispone la ley, en este tipo de asambleas especiales además de los comuneros los únicos personajes con acceso permitido y voz pero no voto, son el o la delegada de la Procuraduría Agraria en el Estado, quien debe vigilar que los acuerdos que se tomen o las propuestas que se acepten no vulneren los derechos ni afecten el patrimonio de ninguno de los 328 integrantes del núcleo agrario, y un notario público. Desde la semana pasada la delegada de la PA en San Luis es la abogada María Luisa Plasencia, designada por el nuevo titular de la dependencia, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón.
Puede haber invitados especiales de la comunidad, únicamente en calidad de testigos, sin voz ni voto. No sé si pudiera interesarle asistir a Gabino Morales, representante Federal en el Estado, quien entre sus obligaciones tiene informar cotidianamente a la Oficina de la Presidencia de la República de todos aquellos asuntos de relevancia que considere pertinentes.
GANAS DE HACER ESTUPIDECES
Los integrantes del recién renovado Consejo Político Estatal del PRI comenzaron a ser citados ayer para que asistan el sábado próximo a la sesión solemne en la que les será tomada la protesta estatutaria y se declarará formalmente instalado el organismo.
Hasta ahí todo bien, pero lo que sigue ya no tanto. Entre los nuevos consejeros ha surgido una gran preocupación porque corre la insistente versión de que una semana después, el sábado 22 del mes en curso, en plenos festejos navideños, Martín Juárez Córdova y María del Rosario Sánchez (actualmente con licencia) renuncien a sus cargos de presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal, por lo que asumiría la presidencia el secretario de Organización Martín Reyna o su suplente encargado actualmente del despacho Ricardo Breceda (Reyna está ocupando la secretaría general en ausencia de María del Rosario).
Según los trascendidos, esto sucedería para que de inmediato el nuevo dirigente -sea Reyna o Breceda- expida convocatoria para elegir la nueva directiva que complete el período de Juárez Córdova, en enero del 2020. Ajustando al máximo los plazos estatutarios y en el supuesto de que se registrara una sola planilla, se estaría convocando nuevamente al Consejo Político para el sábado 29 o el domingo 30 para elegir presidente y secretaria.
El sentimiento más extendido entre los consejeros priistas lo sintetiza muy bien el comentario de uno de ellos: “Si siguen con esas jaladas, a ver quién chingaos asiste en vísperas del fin de año, y los pocos que asistan seguramente vendrán crudos y a mentar madres”.
En realidad no hay nada que explique ese aparente apresuramiento, pues quienes sustituyan a Martín y Charo no enfrentan compromisos electorales hasta julio del 2021, de manera que lo mismo da elegirlos entre posadas, villancicos y piñatas que dejar todo para mediados de enero.
Pero hay algo más de fondo: hacer las cosas en estas fechas decembrinas, genera la imagen de que se quiere dar un madruguete, como si se fuera a hacer una imposición repudiada de antemano. Esto, la percepción de madruguete, de algo sucio o chapucero, a quienes realmente dañaría sería a los nuevos dirigentes. Entrarían enlodados sin ninguna mísera necesidad.
Si se mantiene el proyecto de que asuma la dirigencia estatal tricolor el antiguo y activo militante Elías Pesina, qué necesidad de desmadrar su entrada al cargo con asambleas en las que a lo mejor hay que “inflar” la asistencia para completar quórum, celebradas a la carrera en días que todo mundo lo que quiere es estar con la familia o tirarse la flojera. Peor aún: nunca hay días buenos para los accidentes, pero hay algunos peores. Imagínese usted un accidente la víspera del año nuevo de consejeros que vienen de los municipios.
No es fácil pero tampoco difícil creer que se les ocurra semejante estupidez. Justo cuando el PRI necesita lavarse la cara, proyectar otra imagen, mostrar respeto por su militancia, justo entonces se les ocurre hacer cosas que si no son chicanadas se les parecen mucho.
COMPRIMIDOS
Xavier Azuara ganó las elecciones internas del PAN, pero no lo veo muy fortalecido. Además, mañana vence el plazo para presentar impugnaciones y no se descarta que los inconformes con el resultado presenten una o varias, que luego de agotar las instancias internas del partido saltan a los tribunales electorales, donde cualquier cosa puede pasar.
Y mientras en el PAN se pelean, en el PRI se les ocurren burradas y en el PRD hacen esfuerzos tan patéticos como inútiles por resurgir, Morena ya les ganó la calle a todos, y es ahí en donde realmente se obtienen los votos. Cada uno de los seis coordinadores regionales designados por López Obrador trae bajo su férula a un promedio de 200 “Servidores de la Nación”, que no son otra cosa que jóvenes bien capacitados y equipados que recorren ciudades y pueblos casa por casa. Oficialmente para actualizar los padrones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, pero en los hechos también están identificando a los simpatizantes morenistas. En el 2021 se van a ver los resultados.
El más entusiasta apoyador de la idea de Andrés Manuel López Obrador de no perseguir ni castigar a los corruptos del pasado se llama Juan Manuel Carreras. Fácil de entender, pero es imperativo hacer una precisión: nuestro gobernador no ha perseguido ni castigado ni a los del pasado ni a los del presente y seguramente ni a los del futuro.
Los “nuevos delegados federales” que han comenzado a llegar, como el resucitado Carlos Rebolledo en la Procuraduría Federal del Consumidor, traen nombramientos provisionales y como encargados del despacho, en tanto se resuelve de fondo el destino de las delegaciones.
Hasta el jueves 10 de enero (ustedes disculparán)
El que sus promotores buscan que sea el mayor negocio inmobiliario en la historia de esta ciudad tiene que sortear una aduana importante el próximo domingo 23. Independientemente de sus posibilidades de avance que radican en la aprobación por cuando menos las dos terceras partes del total de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, el proyecto huele mal; hay razones para sospechar de su estricta legalidad.
El proyecto consiste centralmente en que la comunidad “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” aporten 2 mil 68 hectáreas de sus tierras de uso común a una sociedad mercantil inmobiliaria de nombre “Reserva San Luis S.A de C.V”, en la que participan varios de los empresarios más importantes de la entidad,
Estamos hablando de 2 mil 68 hectáreas equivalentes a 20 millones 680 mil metros cuadrados, de los que una vez descontadas las áreas de donación al Municipio, las calles, banquetas y espacios de equipamiento urbano, quedarán disponibles para la venta entre 10 y 12 millones. Se trata de terrenos localizados en las zonas poniente y surponiente de la mancha urbana, buena parte de ellos colindantes con los desarrollos habitacionales más caros de la ciudad –Las Lomas y los Pedregales-, lo que de entrada les confiere un alto valor.
Según estimaciones de conocedores, se trata de un negocio a muchos años, pero para dar una idea de su importancia, si se hiciera en el corto plazo (urbanizar y vender lotes) estaría dejando una utilidad conservadoramente estimada entre 25 y 40 mil millones de pesos. ¿Cuál sería el beneficio para los comuneros? Por ahora, solamente lo saben los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y los empresarios involucrados. Será el domingo en la llamada Asamblea de Formalidades Especiales cuando se pongan las cartas sobre la mesa para todo mundo.
Decíamos al inicio que este asunto huele mal. Nos referimos al hecho de que antes de participar en sociedades mercantiles con empresarios, de asociarse con otros núcleos ejidales o con el gobierno, las comunidades deben recabar la opinión de la Procuraduría Agraria (PA), que se supone es la dependencia oficial encargada de velar por sus derechos.
En términos de la Ley Agraria, la PA dispone de 30 días hábiles (unos 42 días naturales) para emitir su opinión, contados a partir del momento en que los interesados le hayan hecho llegar toda la documentación del caso. No es infrecuente que el plazo se alargue por solicitudes de mayor información o de algún documento faltante.
En este caso fue diferente. La solicitud de opinión formulada por el Comisariado de Bienes Comunales se envió a la PA el 8 de noviembre. Nueve días hábiles más tarde, el 23 de ese mes, el propio Comisariado expide la convocatoria para celebrar las Asambleas de Formalidades Especiales el domingo 23 de diciembre. En el punto 7) de ese documento se lee: “Lectura de la opinión emitida por el C. Procurador Agrario sobre el proyecto de desarrollo y de la escritura social respectivos para la aportación de tierras de uso común para la constitución de una sociedad mercantil inmobiliaria entre la comunidad denominada “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” y la sociedad “Reserva San Luis S.A. de C.V”.
El sentido de la opinión emitida por el Procurador Agrario en ese momento, Cruz López Ramírez (antiguo dirigente de la CNC y protector largos años de Oscar Bautista), no se ha hecho pública, pero es obvio que debe ser favorable o de lo contrario no se hubiera convocado la asamblea ex profeso. Así tenemos que si la opinión se solicitó el día 8 de noviembre debió llegar cuando más tarde el 22 para estar en condiciones de expedir la convocatoria al día siguiente. Es decir, Cruz López tardó solamente 9 días hábiles en cumplir un trámite que habitualmente consume más del triple. ¡Y todo faltando una semana para concluir el sexenio y su permanencia en el cargo! Eso, aquí y en China huele mal.
A mayor abundamiento, en el sentido de que la opinión debe venir favorable, es que el punto 8) de la multicitada convocatoria establece: “Toma de acuerdo relativo a la aportación de la comunidad denominada “San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito” de 2,068-83-78.57 hectáreas de tierras de uso común para la constitución de la sociedad mercantil inmobiliaria denominada “Reserva San Luis, S.A. de C.V.”
¿Quiénes son los empresarios con quienes llegado el caso se asociarán los comuneros de San Juan de Guadalupe en este muy ambicioso proyecto? Hasta donde nos fue posible indagar se trata de Carlos Gerardo López Medina, Manuel Muñiz Werge, Grupo Constructor 3m, S.A. de C.V. (hermanos Mabhub), Manuel del Valle López, Vicente Rangel Mancilla, Marcelo de los Santos Anaya, Miguel Torres Corzo y un promotor inmobiliario regiomontano de nombre Alejandro Tamayo Ibarra.
Todos ellos tienen algo en común: son máquinas de hacer dinero y nunca se les han conocido inclinaciones altruistas o filantrópicas.
No está de más comentar que por lo menos parte de la superficie comprometida en el proyecto está en litigio y pesan sobre ella unas medidas precautorias dictadas hace 7 u 8 años por el Tribunal Agrario para que no se modifique su estatus legal o patrimonial hasta en tanto se resuelve el fondo de la litis. El juicio no ha concluido y por tanto no se han levantado las medidas precautorias.
Según lo dispone la ley, en este tipo de asambleas especiales además de los comuneros los únicos personajes con acceso permitido y voz pero no voto, son el o la delegada de la Procuraduría Agraria en el Estado, quien debe vigilar que los acuerdos que se tomen o las propuestas que se acepten no vulneren los derechos ni afecten el patrimonio de ninguno de los 328 integrantes del núcleo agrario, y un notario público. Desde la semana pasada la delegada de la PA en San Luis es la abogada María Luisa Plasencia, designada por el nuevo titular de la dependencia, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón.
Puede haber invitados especiales de la comunidad, únicamente en calidad de testigos, sin voz ni voto. No sé si pudiera interesarle asistir a Gabino Morales, representante Federal en el Estado, quien entre sus obligaciones tiene informar cotidianamente a la Oficina de la Presidencia de la República de todos aquellos asuntos de relevancia que considere pertinentes.
GANAS DE HACER ESTUPIDECES
Los integrantes del recién renovado Consejo Político Estatal del PRI comenzaron a ser citados ayer para que asistan el sábado próximo a la sesión solemne en la que les será tomada la protesta estatutaria y se declarará formalmente instalado el organismo.
Hasta ahí todo bien, pero lo que sigue ya no tanto. Entre los nuevos consejeros ha surgido una gran preocupación porque corre la insistente versión de que una semana después, el sábado 22 del mes en curso, en plenos festejos navideños, Martín Juárez Córdova y María del Rosario Sánchez (actualmente con licencia) renuncien a sus cargos de presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal, por lo que asumiría la presidencia el secretario de Organización Martín Reyna o su suplente encargado actualmente del despacho Ricardo Breceda (Reyna está ocupando la secretaría general en ausencia de María del Rosario).
Según los trascendidos, esto sucedería para que de inmediato el nuevo dirigente -sea Reyna o Breceda- expida convocatoria para elegir la nueva directiva que complete el período de Juárez Córdova, en enero del 2020. Ajustando al máximo los plazos estatutarios y en el supuesto de que se registrara una sola planilla, se estaría convocando nuevamente al Consejo Político para el sábado 29 o el domingo 30 para elegir presidente y secretaria.
El sentimiento más extendido entre los consejeros priistas lo sintetiza muy bien el comentario de uno de ellos: “Si siguen con esas jaladas, a ver quién chingaos asiste en vísperas del fin de año, y los pocos que asistan seguramente vendrán crudos y a mentar madres”.
En realidad no hay nada que explique ese aparente apresuramiento, pues quienes sustituyan a Martín y Charo no enfrentan compromisos electorales hasta julio del 2021, de manera que lo mismo da elegirlos entre posadas, villancicos y piñatas que dejar todo para mediados de enero.
Pero hay algo más de fondo: hacer las cosas en estas fechas decembrinas, genera la imagen de que se quiere dar un madruguete, como si se fuera a hacer una imposición repudiada de antemano. Esto, la percepción de madruguete, de algo sucio o chapucero, a quienes realmente dañaría sería a los nuevos dirigentes. Entrarían enlodados sin ninguna mísera necesidad.
Si se mantiene el proyecto de que asuma la dirigencia estatal tricolor el antiguo y activo militante Elías Pesina, qué necesidad de desmadrar su entrada al cargo con asambleas en las que a lo mejor hay que “inflar” la asistencia para completar quórum, celebradas a la carrera en días que todo mundo lo que quiere es estar con la familia o tirarse la flojera. Peor aún: nunca hay días buenos para los accidentes, pero hay algunos peores. Imagínese usted un accidente la víspera del año nuevo de consejeros que vienen de los municipios.
No es fácil pero tampoco difícil creer que se les ocurra semejante estupidez. Justo cuando el PRI necesita lavarse la cara, proyectar otra imagen, mostrar respeto por su militancia, justo entonces se les ocurre hacer cosas que si no son chicanadas se les parecen mucho.
COMPRIMIDOS
Xavier Azuara ganó las elecciones internas del PAN, pero no lo veo muy fortalecido. Además, mañana vence el plazo para presentar impugnaciones y no se descarta que los inconformes con el resultado presenten una o varias, que luego de agotar las instancias internas del partido saltan a los tribunales electorales, donde cualquier cosa puede pasar.
Y mientras en el PAN se pelean, en el PRI se les ocurren burradas y en el PRD hacen esfuerzos tan patéticos como inútiles por resurgir, Morena ya les ganó la calle a todos, y es ahí en donde realmente se obtienen los votos. Cada uno de los seis coordinadores regionales designados por López Obrador trae bajo su férula a un promedio de 200 “Servidores de la Nación”, que no son otra cosa que jóvenes bien capacitados y equipados que recorren ciudades y pueblos casa por casa. Oficialmente para actualizar los padrones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, pero en los hechos también están identificando a los simpatizantes morenistas. En el 2021 se van a ver los resultados.
El más entusiasta apoyador de la idea de Andrés Manuel López Obrador de no perseguir ni castigar a los corruptos del pasado se llama Juan Manuel Carreras. Fácil de entender, pero es imperativo hacer una precisión: nuestro gobernador no ha perseguido ni castigado ni a los del pasado ni a los del presente y seguramente ni a los del futuro.
Los “nuevos delegados federales” que han comenzado a llegar, como el resucitado Carlos Rebolledo en la Procuraduría Federal del Consumidor, traen nombramientos provisionales y como encargados del despacho, en tanto se resuelve de fondo el destino de las delegaciones.
Hasta el jueves 10 de enero (ustedes disculparán)