El NYT e Iguala

La gente creerá cualquier cosa, siempre y cuando no se 

base en la verdad”.

Edith Sitwell

Un artículo del New York Times publicado este 2 de septiembre parecía ofrecer nuevas soluciones al caso Iguala. Los autores, Natalie Kitroeff y Ronen Bergman, señalan que han tenido acceso a “23 mil mensajes de texto inéditos, testimonios y archivos de investigación”. Lo sorprendente es lo poco que cambia con estos elementos lo que ya sabemos del secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. 

Quizá lo más novedoso del reportaje es que nos permite saber que Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Iguala ya en el gobierno de López Obrador, ha “huido a Estados Unidos” porque “tiene miedo por su seguridad”. Gómez Trejo fue antes secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el politizado equipo de investigadores que rechazó la llamada “verdad histórica” y afirmó que el crimen fue cometido por el Estado mexicano. Gómez Trejo renunció al cargo de fiscal especial en septiembre de 2022. Los reporteros lo entrevistaron y podemos suponer que él les proporcionó copias de los 23 mil mensajes interceptados por la DEA. El reportaje está fuertemente influido por las ideas que siempre expresó: “Fue el Estado”. 

Los mensajes que cita el reportaje, sin embargo, no son de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Señalan algo que ya sabíamos: que Guerreros Unidos corrompió a policías municipales, estatales y federales, y a militares. Pero a pesar de la conclusión de Gómez Trejo incorporada al reportaje, de que “policías y militares estaban coludidos en secreto con un cartel que secuestró a 43 estudiantes”, no hay en los mensajes u otros elementos de prueba citados nada que cambie las conclusiones fundamentales de la PGR o de la recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2018: los normalistas fueron secuestrados por policías municipales y entregados a criminales de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron. El informe de la CNDH señala las responsabilidades en que incurrieron varios militares, sobre todo por omisión, pero no participaron en el secuestro o la matanza. 

El artículo señala falsamente que no sabemos lo que pasó esa noche de 2014. La verdad es que las investigaciones de la Procuraduría de Guerrero de Iñaki Blanco, la PGR de Jesús Murillo Karam y la CNDH nos han dado una idea bastante clara. Más sabríamos si la actual FGR hubiera aceptado la recomendación de la CNDH de someter a un estudio genético 114 restos óseos para determinar si pertenecen a los normalistas. Ha omitido cumplirla porque la verdad podría ser políticamente incómoda. 

El reportaje del Times acepta acríticamente la versión del testigo colaborador conocido como El Gil, Gildardo López Astudillo, de que los restos humanos hallados en el basurero de Cocula y en el río San Juan fueron incinerados en un crematorio. La recomendación de la CNDH, sin embargo, determinó que todos los restos, más de 63 mil, presentan “afectación térmica diferenciada”, lo que comprueba que fueron sometidos a un “fuego no controlado” y no a una incineración en un crematorio. 

En México hacemos siempre más caso a las investigaciones publicadas en el extranjero. La información disponible, sin embargo, sigue conformando la versión de que los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron. Que hayan quedado en libertad los responsables de este atroz crimen, mientras que la FGR haya encarcelado al exprocurador Murillo Karam, cuya investigación pudo haber tenido fallas, pero que no secuestró ni mató a nadie, es una vergüenza. 

La esposa

Una de las novedades del artículo del NYT es que la esposa del Gil, asesino confeso de los normalistas, siguió operando las actividades criminales de su marido después de su detención. Aun así, el Gil se convirtió en el testigo protegido favorito del GIEI, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa y la Fiscalía Especial. 

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