Elección Judicial

En México nos encontramos en plena contienda electoral para cargos de jueces y juezas, y hasta ahora lo que hemos visto es, ridículos en Tik Tok, acoso de solicitudes en Facebook, dignas de ser denunciadas al mismo Mark Zuckerberg; o la autocaricaturización Ghibli de candidatos y candidatas, aunque, quizá sea ésta una imagen real de la justicia actual, una caricatura.

Empero, he abierto desde la semana pasada las líneas de mi espacio editorial para quien crea tener algo sensato que decirle al electorado, desde luego, también está abierto para quien quiera alertar a la ciudadanía de X o Y candidato o candidata.

[“”] El sistema judicial mexicano enfrenta una crisis que parece irresoluble: rezago en los tribunales, barreras para el acceso a la justicia, y un formalismo que privilegia tecnicismos sobre los derechos fundamentales. Ante este panorama, la propuesta de Mario Azuara, abogado con maestría en Derechos Humanos por la UASLP y doctorado en Derecho por la UNAM –ambos con mención honorífica–, para el cargo de Juez de Distrito en el Noveno Circuito Judicial de San Luis Potosí representa un aliento renovador que desafía las inercias institucionales. Con 17 años de experiencia en el Poder Judicial de San Luis Potosí, donde actualmente funge como Secretario de Estudio y Cuenta en el Juzgado Segundo Mercantil, y una trayectoria académica como docente en instituciones de prestigio y tutor de tesis doctorales, Azuara articula un enfoque jurisdiccional basado en la humanización de la justicia y el combate al rezago judicial.  

El rezago judicial es una deuda histórica del sistema que, lejos de remediarse, profundiza la desigualdad. Resulta inaceptable, sostiene, que los juicios de amparo –creados para salvaguardar derechos fundamentales– tarden un año o más en resolverse. “La tardanza anula el propósito del amparo y perpetúa el perjuicio para quienes requieren protección urgente del Estado”, afirma con convicción.  

La propuesta no solo señala problemas; plantea soluciones prácticas. Un punto crítico es la atención especial a grupos vulnerados, muchas veces marginados del sistema. Aquí, el papel del juez debe trascender el mero trámite legal y convertirse en una figura activa y vigilante en todas las etapas del juicio. Solo así, sostiene, el ciudadano podrá confiar en que sus derechos están realmente protegidos.  

Sin embargo, el aspecto más audaz de este proyecto reside en su crítica frontal al abuso de formalismos. Durante demasiado tiempo, las causales de sobreseimiento se han usado para cerrar puertas en lugar de abrirlas. Al respecto, asegura que privilegiará el análisis del fondo, pues “la justicia no puede ser un lujo reservado para quienes dominan la técnica jurídica”.  

Esta postura, respaldada por años de experiencia y una ética irreprochable, demuestra que todavía es posible aspirar a un sistema judicial que sirva a la sociedad y no a sí mismo. Si el Poder Judicial busca legitimidad, quizás deba comenzar por escuchar propuestas como esta, que no solo denuncian el problema, sino que trazan un camino viable hacia su solución.  

De momento se agotan las líneas de este mi espacio editorial, las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com