Elección popular de Ministros, una propuesta inconveniente
Como una muestra más de su nula tolerancia a la frustración y luego de perder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en la que se determinó que el proceso legislativo de la primera parte de su llamado “Plan B” en materia electoral había sido, a lo menos, un cochinero, el señor López, como es su costumbre, mediante argumentos falaces y sesgados, ha intentado sembrar en la sociedad el tema de que los Ministros de la Corte deben ser designados por elección popular, cosa que nunca ha ocurrido en México y que, por supuesto, implica necesariamente reformar la Constitución.
Sin embargo, más allá de la parte estrictamente jurídica, veamos algunas razones por las cuales esta idea de López es un disparate.
Uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema judicial democrático es la independencia de los jueces, lo que garantiza que sus decisiones se tomen de manera imparcial y basadas en la ley, sin intervención de factores políticos o populistas. Al elegir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular, se corre el riesgo de politizar la selección de estos cargos y erosionar esta dependencia.
En una elección popular, los candidatos están sujetos a la influencia de partidos políticos y a las presiones de la opinión pública. La necesidad de ganar votos y mantener el favor popular podría llevar a que los candidatos hagan promesas y compromisos que comprometan su imparcialidad y objetividad al momento de tomar decisiones judiciales, aunado a que, con la calidad de las campañas electorales en México, serían andanadas de difamación y descalificación entre los candidatos, lo cual afectaría negativamente la imagen y la legitimidad de los Ministros electos.
La politización y polarización de la justicia en México implicaría que, al ser elegidos directamente por el pueblo, los candidatos a Ministros se vieran obligados a tomar posturas políticas y a adoptar discursos populistas para atraer votantes. Esto incluye la alta probabilidad de una falta de consenso y diálogo constructivo en el seno de la Corte, a través de la generación de bloques o facciones dentro de la Corte, tal y como ocurre actualmente en uno de los peores momentos que ha vivido el Poder Legislativo federal.
Si se llegara a ese punto indeseable de que las urnas fueran el mecanismo de selección de Ministros, por una cuestión de democracia y libre participación, se tendría el problema de la falta de conocimiento especializado por parte de los posibles candidatos. La labor de un Ministro requiere de una sólida formación jurídica y conocimiento profundo de las leyes y la jurisprudencia. Estas habilidades y conocimientos no son necesariamente compartidos por la población en general, lo que puede llevar a que se elijan candidatos con poca preparación o experiencia. Pensemos que, aún y con el sistema actual que no permite la elección popular, se han colado a la Corte personajes como Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz.
Acudir a la elección popular también podría alterar el equilibrio de poderes en el sistema político mexicano. La división de poderes es un principio fundamental de la democracia, que busca evitar la concentración excesiva de poder en una sola institución. La elección de los Ministros por parte del poder ejecutivo y su ratificación por el poder legislativo es un mecanismo diseñado para mantener este balance. Si los Ministros fueran electos en comicios populares, se corre el riesgo de que, a través de una interferencia indebida del poder ejecutivo en el proceso, tal y como le gusta a López, se sesgara el resultado y consiguiera consolidarse una dictadura sin contrapesos (justo como también es notorio que le gustaría a López).
Estos son solo unos pocos de los motivos por los cuales estimo que esta idea de la elección directa de los Ministros de la Suprema Corte, mediante voto popular, no solo es una mala idea: es una tontería.
