Encuestas y decisiones de Estado
Hay un mecanismo cuantitativo que consiste en recopilar información para la toma decisiones que se ha puesto particularmente de moda durante los últimos meses y se avizora que esté presente los siguientes seis años, me refiero a las hoy tan famosas encuestas.
Estos instrumentos de medición sin duda son muy valiosos, por ejemplo en materia electoral se emplean para medir la percepción popular sobre un candidato o un partido político, mide la simpatía, el conocimiento y hasta la intención del voto, los resultados se procesan en los “war rooms” donde los cerebros, genios de la estadística y del marketing deciden, con resultados en mano el rumbo a seguir.
En materia comercial, las grandes marcas antes de lanzar un producto, abrir una nueva sucursal y hasta cambiarle el sabor a una gaseosa, utilizan encuestas, dirigidas por supuesto a su mercado de consumo y por lo general obtienen datos reveladores que les permite tomar buenas decisiones. De modo que, ambos tipos de encuestas las políticas y las comerciales con sus altos porcentajes de certidumbre, orientan a los equipos gerenciales sobre el rumbo a tomar.
Sin embargo, cuando un encuesta se convierte en una herramienta que pretende legitimar decisiones de Estado, que impactarán la vida de millones de personas que habitan un país, se convierte en una muestra cuyo resultado estará sezgado por múltiples factores, máxime si la encuesta es organizada por el partido oficial que tiene un interés en aplicar precisamente su plataforma política.
Si Usted amable lector sale a cualquier plaza pública de este país a realizar su propia encuesta y pregunta a cualquier persona mayor de edad, sobre si considera que en México la justicia es para todos o cual ha sido su experiencia en las sedes judiciales, las respuestas nos llevarán a lugares comunes: que no hay justicia, que es lenta, deficiente, costosa y que las experiencias en juzgados y tribunales han sido mayoritariamente negativas.
Eso ya lo sabemos, parece entonces a todas luces innecesario preguntar para obtener respuestas que nada nuevo dirán; ahora bien, brincar de esa interrogante a la otra que versa sobre si está usted de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, predispone per se al encuestado. Por ello, desde la perspectiva de quien aquí escribe, encuestar, para tomar decisiones de Estado, guarda similitud con aquel episodio narrado en el nuevo testamento, donde al pueblo sabio se le preguntó si Jesús el Cristo, cuya única “conducta antisocial” imputada por los suyos era ostentarse como hijo de Dios, merecía quedar en libertad o bien si este beneficio lo obtendría el temido y consumado delincuente Barrabás, el fin de esa historia bíblica Usted ya lo conoce, la “sabiduría popular” decidió condenar a muerte a un justo y el encuestador romano literalmente lavó sus manos.
Es cierto, como ya se ha dicho en este espacio la crisis en materia de administración de justicia existe, sí, es real, sí, pero de ninguna manera someter a sufragio la elección de los togados resolverá las graves problemáticas en la materia. El voto popular ya se expresó en las urnas el 2 de junio, esa es otra premisa verdadera y en democracia eso desde luego que se respeta, pero el resultado obtenido implica también la mayor de las responsabilidades la cual, no es incompatible con el mandato popular, el fondo es claro: reformar el Poder Judicial, -todos aún la oposición está de acuerdo-, pero que sea mediante tendenciosas encuestas el instrumento que decida si la reforma incluye eligir por voto a juzgadores, no existe argumento sólido que pueda sostener esa intención.
Veremos lo que ocurrirá los próximos meses, habrá juristas de gran renombre en los foros de parlamento abierto, aún en el propio oficialismo hay voces que tímidamente coinciden con lo riesgoso para el país de consolidarse esa propuesta, al tiempo, y ojalá los buenos Ministros, Magistrados y Jueces de este país, -que sí los hay-, no corran la misma suerte que el mártir del Gólgota.
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